En un giro inesperado de los acontecimientos, el reconocido productor musical Nacho Cano ha decidido llevar su caso a los tribunales, presentando una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias. Cano argumenta que la magistrada habría incurrido en un presunto delito de prevaricación durante la investigación relacionada con su espectáculo 'Malinche', en el que se alegaban supuestas irregularidades.

De acuerdo con el documento judicial al que tuvo acceso Europa Press, Cano solicita que Iglesias sea procesada por este delito, cuya sanción podría implicar desde multas de entre doce a veinticuatro meses, hasta la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante un período que podría variar de diez a veinte años.

El fundamento de la querella se apoya, entre otros elementos, en una grabación de la declaración de una subinspectora de trabajo, quien elaboró un informe crucial tras una inspección realizada el 27 de junio de 2024. Este informe fue clave para que finalmente el caso fuera archivado.

Esta acción legal se da meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera archivar el caso de forma provisional, tras considerar que no existían pruebas suficientes de que los ciudadanos mexicanos que llegaron a España para participar en el musical hubieran sido introducidos de forma ilegal.

El tribunal aclaró que las pruebas presentadas no evidenciaban la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores ni de los extranjeros, indicando que la valoración de los requisitos administrativos debía ser tratada en un contexto diferente, evitando así una investigación prospector que no le corresponde al juzgado.

En su defensa, se argumenta que el atestado policial que inició la causa contenía premisas equivocadas, destacando la incorrecta aplicación de la legislación vigente y la consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales. Esto llevó a la creación de un informe repleto de irregularidades, que aparentemente fue elaborado con la única intención de justificar la detención de Cano.

Los abogados de Cano han indicado que se han presentado diecisiete denuncias relacionadas con delitos de coacciones, amenazas y falsificación de documentos en el contexto del procedimiento ante el Juzgado de Instrucción número 19. Según ellos, las irregularidades en el atestado y en la actuación policial constituyen un grave delito contra la administración de justicia, que debe ser investigado de forma conjunta. Sin embargo, la jueza ha rechazado las inhibiciones solicitadas en relación con estas denuncias.

Además, la defensa de Cano plantea que ha enfrentado serias dificultades para poder ejercer su derecho a una defensa efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. Esto se debe, según afirman, a la constante negativa de la jueza a permitir el acceso a diligencias que consideran esenciales para su defensa, sumado a una evidente parcialidad por parte de la magistrada en este proceso.