En la madrugada del pasado 7 de octubre, tres individuos de nacionalidad marroquí lograron fugarse de la sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a pesar de estar bajo la custodia de agentes de la Policía Nacional. Esta ha sido la segunda fuga que se produce en estas instalaciones en menos de una semana, aprovechando un butrón en las dependencias.

De acuerdo con el sindicato JUPOL, seis migrantes marroquíes intentaron escapar, siendo interceptados por la Policía, aunque tres lograron evadirse. El Ministerio del Interior ha confirmado que se mantiene la búsqueda de estos tres ciudadanos marroquíes fugados, quienes se suman a un grupo de solicitantes de asilo que también escaparon la semana anterior.

Ante esta situación, JUPOL ha exigido medidas urgentes para abordar la "situación de inseguridad" en las salas de inadmitidos del aeropuerto madrileño, señalando que los fugitivos utilizaron el mismo agujero que fue utilizado en la fuga previa. Según el sindicato, se trata de una "brecha en la instalación que no ha sido reparada ni por el Ministerio del Interior ni por AENA, propietaria de las instalaciones".

JUPOL ha denunciado en redes sociales la falta de seguridad en las salas de asilo de Barajas, señalando que no se han tomado medidas para reparar los desperfectos que favorecieron las fugas anteriores. Esta situación ha sido descrita como propia de un "país tercermundista", evidenciando la precariedad de las condiciones.

El conflicto no es nuevo, en enero, sindicatos de la Policía Nacional reportaron otra fuga de casi 30 solicitantes de asilo de origen magrebí, advirtiendo sobre los riesgos para la seguridad aérea. En tanto, saharauis provenientes de Marruecos se encuentran en Barajas a espera de asilo o retorno, algunos incluso han iniciado huelgas de hambre en protesta.

Problemas similares han llevado al Gobierno a intervenir para evitar el colapso de las instalaciones ante la llegada masiva de ciudadanos africanos de distintos países. Además, se han implantado visados de tránsito para prevenir fraudes durante escalas en Madrid.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado el compromiso de mantener una comunicación constante con ACNUR para evaluar individualmente cada solicitud de asilo. La decisión respecto a los saharauis en Barajas está sujeta a la tutela del Poder Judicial, garantizando un proceso transparente y legal.

Algunas voces, como Sumar y Podemos, han criticado al Gobierno señalando que evita acoger a este grupo de personas para no crear tensiones con Marruecos. Desde la defensa de los saharauis, se han denunciado casos de devoluciones que podrían resultar en prisión para los afectados si son expulsados de España.