MADRID, 18 Nov. — La ONG Bocatas/Pasión por el Hombre ha anunciado su decisión de poner fin a la distribución de bocadillos en la plaza de Ópera, una actividad que han llevado a cabo ininterrumpidamente desde 1996. Esta medida surge tras la intervención del Ayuntamiento de Madrid, que ha señalado supuestas irregularidades en el reparto, catalogándolo como una práctica “sin control” que pone en riesgo la salud pública y el orden social. Desde la organización han respondido con firmeza, acusando al Consistorio de intentar “impedir la alimentación de personas sin hogar”.

La asociación ha expresado su pesar en sus plataformas digitales, denunciando que el Ayuntamiento ha restringido un servicio esencial que han ofrecido a unas 300 personas en situación de calle cada día. Según Bocatas, las justificaciones oficiales se basan en una falta de regulación en la normativa municipal, lo que a su entender representa una estrategia para “ocultar la pobreza” en la ciudad. “Cuando se impide alimentar a quienes lo necesitan, no se está corrigiendo una infracción, sino protegiendo un modelo que prefiere ignorar la precariedad”, sostiene la ONG, que asegura que su compromiso de tres décadas con los más vulnerables no se verá afectado por esta decisión administrativa.

Por otro lado, el Ayuntamiento, a través de declaraciones a Europa Press, ha defendido su postura indicando que han mantenido diálogos con la organización para abordar los problemas que surgen del reparto incontrolado. Destacan que es complicado justificar la falta de regulación en estas actividades, especialmente cuando la salud y el orden público están en juego.

Las autoridades han enumerado varios puntos de incumplimiento, como el ingreso no autorizado de vehículos en el área y la ocupación no permitida del espacio público por la acumulación de cajas de alimentos. La situación se complica además porque se generan concentraciones masivas en la plaza, y no se puede asegurar que los alimentos entregados cumplan con las normas de trazabilidad y seguridad alimentaria.

Desde el Ayuntamiento subrayan que repartir comida en la calle sin la debida autorización no solo es ilegal, sino que potencialmente conduce a problemas de orden público. Aprecian que el formato de entrega en vía pública también compromete el anonimato de las personas receptoras, lo que puede resultar en un estigmatización adicional, además de recordar que han tenido que intervenir policialmente en varias ocasiones ante incidentes que han surgido durante los repartos.

El área responsable de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, bajo la dirección de José Fernández, ha propuesto, de manera proactiva, alternativas a la ONG. Han ofrecido información sobre los recursos disponibles en la ciudad para atender las necesidades de esta población, que incluyen 40 centros de Servicios Sociales, una Campaña del Frío que inicia el 23 de noviembre, y los servicios de emergencia social de Samur. También han mencionado la Tarjeta Familias, que facilita el acceso a alimentos y productos esenciales a personas en situaciones de vulnerabilidad.