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Patrimonio Nacional insta a la Asamblea Nacional a seguir las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros.

Patrimonio Nacional insta a la Asamblea Nacional a seguir las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros.

La Abogacía del Estado, representando a Patrimonio Nacional, ha solicitado a la Audiencia Nacional que levante la paralización de las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros --antiguo Valle de los Caídos-- debido a que los restos de la mujer enterrada en el mausoleo, cuya nieta impulsó el recurso que detuvo los trabajos cautelarmente, no se encuentran en la Capilla del Sepulcro, donde se están realizando las exhumaciones, por lo tanto, "no pueden verse afectados".

En el escrito presentado por la Abogacía del Estado, se resalta que la demandante carece de legitimidad para recurrir porque "el interés que se invoca es meramente hipotético" y agrega que "los perjuicios que la recurrente menciona de manera absolutamente genérica son inexistentes, ya que los restos de la abuela de la recurrente están plenamente identificados y localizados, y no son objeto de las acciones de exhumación que está llevando a cabo el equipo forense".

Este escrito responde a la decisión del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11, que ordenó a Patrimonio Nacional suspender las exhumaciones después de conceder las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta de una de las pocas 200 mujeres enterradas en la Basílica del Valle de Cuelgamuros.

Además, Patrimonio Nacional menciona en el escrito que, en la adecuada ponderación de los intereses en juego, prevalece el interés general debido al grave perjuicio que se derivaría para el interés público si se retrasara la ejecución de los trabajos de exhumación.

También se enfatiza que los restos de la familiar de la recurrente no se encuentran en la Capilla del Sepulcro, donde se concentra el trabajo forense, sino en la Capilla del Pilar, piso 1º, según lo indica el certificado que la demandante acompaña como documento número 1 a su solicitud de suspensión. Abogacía del Estado afirma que la anulación de la acción impugnada no beneficiaría en absoluto a la demandante.

Por otro lado, se señala que no existe una acción material de Patrimonio Nacional que pueda ser impugnada y se agrega que es "evidente" que las exhumaciones se están llevando a cabo con respaldo de resoluciones judiciales y administrativas, por lo que no se cumple con los requisitos necesarios para considerar que se está cometiendo un acto ilegal.

Además, se argumenta que la Audiencia Nacional carece de jurisdicción y competencia en este asunto, ya que todo se deriva de la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial, por lo que cualquier cuestión derivada debe ser resuelta por los órganos de la jurisdicción civil.

En relación a los trabajos que se están llevando a cabo en Cuelgamuros, Abogacía del Estado indica que tanto Patrimonio Nacional como el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y el actual Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, han tenido como preocupación constante los principios de proporcionalidad y de intervención mínima.

También se añade que las exhumaciones que se están realizando no violan el derecho fundamental a la libertad religiosa ni el derecho de cualquier persona a recibir una sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos, ya que se están llevando a cabo únicamente respecto de los restos mortales ubicados en cajas cuya rotulación permite garantizar su procedencia y que además corresponden a las solicitudes realizadas por los familiares.

La organización de juristas Abogados Cristianos consideraba que las exhumaciones autorizadas por el Ministerio de la Presidencia constituían una violación del derecho fundamental a la libertad religiosa. Argumentaban que el derecho constitucional a la libertad religiosa ampara el derecho a una sepultura digna y denunciaban que para llevar a cabo las pruebas de ADN a los cadáveres no se había solicitado el consentimiento de los familiares, lo que implicaba una violación del ejercicio de la libertad religiosa.

La organización aseguraba que estos trabajos formaban parte de otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos y que su único objetivo era dañar la Basílica. Manifestaban que no descansarían hasta que se respetara su libertad religiosa y la Cruz más grande del mundo.