La candidatura de Podemos, IU y Alianza Verde a la Comunidad de Madrid ha propuesto una serie de medidas para reformar el Estatuto de Autonomía y mejorar la situación política y social de la región.

En primer lugar, quieren reducir la barrera electoral para entrar en la Asamblea de Madrid del actual 5% al 3% y cambiar el himno regional por la canción "Pongamos que hablo de Madrid" de Joaquín Sabina. Además, proponen impulsar un proceso constituyente regional para revierta el proceso de degradación institucional y rediseñe la estructura administrativa y de Gobierno, así como para establecer un catálogo de derechos sociales avanzados.

Para ello, se exige la descentralización de competencias hacia los municipios y la titularidad pública de empresas en sectores estratégicos, como la creación de una banca pública madrileña y empresas de desarrollo industrial. También quieren instaurar una verdadera cultura de la participación democrática, fomentando el asociacionismo y el peso de las estructuras representativas en cada materia.

Entre las medidas propuestas por Podemos, se establece un Código Ético autonómico para cargos públicos, que establezca el compromiso público de dimisión/cese ante incumplimientos del mismo. También se limitarán los sueldos de los cargos públicos y se prohibirá que perciban ayudas sociales.

Otras medidas incluyen una auditoría a fondo de las instituciones madrileñas para investigar los últimos 25 años de corrupción, el impulso de una Ley del denunciante de corrupción para proteger a las personas que quieran denunciar situaciones de corrupción, y la implantación de criterios de contratación pública que limiten la dependencia de las empresas multiservicios, las grandes consultoras y las empresas dedicadas casi en exclusiva a la provisión de servicios a la administración.

Podemos también propugna implantar criterios de economía social y garantizar criterios de igualdad en la empresa, así como vetar empresas con condenas judiciales o sanciones de la inspección de trabajo por vulneración de derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

Entre otros puntos, para contratar con la Administración autonómica, se valorará la huella ecológica de las propuestas y proyectos, se acabará con el fraccionamiento de contratos y se prohibirá contratar con aquellas empresas que tengan sedes u operen desde paraísos fiscales o condenadas por fraude fiscal.