El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha tomado la drástica decisión de cerrar definitivamente el centro de refugiados CREADE, en respuesta al análisis de alegaciones y un recurso presentado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según la administración local, esta medida ya ha sido comunicada oficialmente al Ministerio. Se ha otorgado un plazo de cuatro meses para reubicar a las más de 400 personas que residen actualmente en el centro, considerando su situación de vulnerabilidad y evitando así un cierre inmediato que podría ser perjudicial.

En su declaración, el Consistorio destaca que el periodo concedido al Ministerio es el doble del tiempo que este organismo reconoce como promedio de estancia en tales centros. Además, han subrayado que durante este tiempo, el CREADE no podrá admitir nuevos residentes; de lo contrario, se procederá con el cierre inmediato.

Este anuncio de cese de actividades se produce tras una notificación previa emitida el 30 de julio, en la que se señalaba una suspensión temporal del funcionamiento del centro debido a la falta de licencia correspondiente.

Las autoridades locales argumentan que, según las alegaciones del Ministerio, la instalación operaba como un centro de acogida y alojamiento sin la debida autorización, infracción que contraviene la normativa municipal vigente. Esta situación ha llevado al Ayuntamiento a cuestionar el uso del centro.

El Consistorio también ha mencionado que, según documentación presentada por el Ministerio, se permitió una ocupación de hasta 564 plazas desde el 1 de julio, aunque la única licencia que existe data de 2013 y estaba destinada a un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social, con capacidades muy diferentes a las que se están usando actualmente.

La alcaldesa, Paloma Tejero, ha enfatizado que la operación del centro por parte del Gobierno no solo es irregular, sino que también plantea un grave riesgo al proyectar el traslado de 400 menores no acompañados a un espacio no adecuado para tal fin.

Además, se ha señalado que a pesar de que el informe técnico municipal realizado el 29 de julio no pudo constatar el estado del centro debido a que se les negó el acceso, existe un reconocimiento por parte del Ministerio sobre la cantidad de personas albergadas sin cumplir con las condiciones necesarias.

El Ayuntamiento ha indicado que, en las alegaciones presentadas por el Ministerio, no se aborda adecuadamente la razón principal del cierre: la realización de una actividad no autorizada, argumento suficiente para justificar la clausura del centro.

A pesar de las múltiples advertencias sobre la falta de licencia y el incremento en la capacidad de alojamiento, el gobierno central no ha iniciado los trámites necesarios para regularizar la situación del CREADE, concluyendo que deberían haberlo hecho antes de finalizar agosto.

Por otro lado, representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han comunicado a Europa Press que, hasta el momento, no han recibido ninguna notificación relacionada con este asunto. Aseguran que sus servicios jurídicos procederán a analizar la documentación tan pronto como reciban la resolución.