En la jornada del 1 de febrero en Madrid, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha mostrado su preocupación por el avance alarmante de la gentrificación en la ciudad, que ya se ha extendido más allá de las áreas centrales, afectando a distritos como Puente de Vallecas y Latina. Según Maroto, muchos edificios en estas zonas han sido transformados en viviendas de uso turístico (VUT) debido a la falta de una adecuada regulación urbanística por parte del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Durante una entrevista con Europa Press, Maroto reveló que el 73% de los inmuebles residenciales en el centro de Madrid corren el riesgo de ser convertidos en VUT gracias a la implementación del plan Reside, promovido por el Ejecutivo de Almeida. Este plan ha sido criticado por la socialista por considerar que exacerba la gentrificación y la proliferación de alojamientos turísticos en la capital, favoreciendo intereses de fondos buitres que amenazan con desplazar a los residentes locales.

La portavoz también subrayó otro de los efectos negativos del plan Reside, al señalar la "pérdida de locales comerciales y del tejido comercial" en los barrios, lo cual, a su juicio, resulta en una significativa "pérdida de identidad" para estas comunidades. "Estamos viendo como desaparece el comercio de proximidad que ha sido parte esencial de la vida de nuestros barrios", lamentó con evidente preocupación.

Maroto insistió en que la falta de prohibiciones similares a las que se implementaron para el centro de la ciudad está permitiendo que la gentrificación se consolide en las periferias. En sus palabras, "lo que no queremos para el centro tampoco debería aplicarse a Tetuán o Usera", refiriéndose a una concepción de ciudad que debe ser inclusiva y proteger la identidad barrial.

Más allá de las críticas al plan Reside, Maroto enfatizó la necesidad de una mayor "disciplina" en la normativa urbanística. Aseguró que la actual Agencia de Actividades está subfinanciada y carece de los recursos necesarios, con un número total de solo 17 inspectores para supervisar alrededor de 160,000 actividades económicas en la ciudad, lo que pone en evidencia una clara falta de acción por parte del gobierno municipal.

En medio de una crisis habitacional que sigue profundizándose, la portavoz socialista concluyó al afirmar que la política de Almeida se ha caracterizado por la "desprotección" y "desregulación", visibilizando lo que considera un "epitafio" político que prioriza a los especuladores por encima de quienes realmente trabajan en la ciudad.