El escándalo en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha dado un giro inesperado después de que el juez cambió la condición del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, de testigo a investigado tras las reveladoras declaraciones realizadas por varios cargos de la institución educativa.

En base a una providencia recogida por Europa Press, el magistrado Juan Carlos Peinado decidió modificar la condición procesal del rector, así como la de otros implicados, y fijó fecha para las declaraciones correspondientes. Goyache, quien inicialmente testimonió sobre su encuentro con Begoña Gómez en el Palacio de La Moncloa antes del inicio del máster, ahora deberá enfrentar interrogatorios más detallados.

Según las acusaciones populares, Goyache admitió haberse reunido con Gómez antes del inicio de la cátedra que se le otorgó, pero no ofreció muchos detalles al respecto. El rector sostuvo que Gómez no necesitaba contar con una licenciatura para ejercer como docente, ya que su experiencia en temas de desarrollo sostenible era suficiente para dirigir la cátedra.

Las declaraciones de Goyache, realizadas durante aproximadamente 50 minutos, se centraron en la idoneidad de Gómez para ocupar el cargo y en la legalidad de las acciones llevadas a cabo en relación a la cátedra. El rector afirmó que la experiencia de Gómez en el campo de desarrollo sostenible justificaba su papel como responsable de la cátedra, sin necesidad de tener formación académica específica.

En paralelo, tanto el vicerrector Coello de Portugal como su antecesor Doadrio negaron tener competencias sobre las finanzas relacionadas con la cátedra de Gómez. Además, se reveló que la Comisión Mixta de seguimiento de la cátedra rechazó documentos aportados por Gómez por precaución ante un posible procedimiento legal en curso.

El caso, que ha generado amplias repercusiones políticas, ha atraído la atención de varias asociaciones y partidos, como Manos Limpias, Hazte Oír y Vox, quienes han presentado querellas contra Gómez por presunto tráfico de influencias debido al software que habría patentado en relación al máster de la UCM.

Las acusaciones de Vox apuntan a que Gómez habría utilizado su posición como esposa del presidente del Gobierno para beneficiar a empresas en el desarrollo de un software utilizando recursos públicos, alegando que grandes compañías como Telefónica, Google e Indra se negaron a participar en el proyecto impulsado por la esposa de Sánchez.