El exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, José Ramón Mérida Velasco, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para evitar una sentencia de 8 años de cárcel por las condiciones infrahumanas de las instalaciones debido al hacinamiento de cadáveres. El acuerdo implica una condena de 18 meses de cárcel, aunque el fiscal no se opone a la suspensión de la pena condicionada al pago de la multa y a no delinquir durante un plazo de dos años.

El acuerdo se ha cerrado en una vista en los Juzgados de lo Penal de Madrid. Por su cargo, Mérida era el principal responsable de la dirección de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio y, según el relato del fiscal, obligó a los trabajadores durante años a prestar sus servicios en unas condiciones insalubres y nocivas. La acusación particular pedía una pena de 21 años de cárcel y una indemnización de 264.000 euros.

El acuerdo establece una condena de tres meses de prisión por un delito contra los trabajadores y otros tres meses por cada cinco delitos de los que se le acusa contra la integridad moral. Además, se le inhabilita para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio del cargo de director de Departamento durante el tiempo de la condena. También se le impone una multa de 3 meses con una cuota diaria de 10 euros, con la responsabilidad.

Respecto de las penas de prisión, el fiscal no se opone a la suspensión condicionada al pago de las cantidades antedichas y a no delinquir durante un plazo de dos años. El escrito de acusación denuncia el modo en que Mérida sometió a los trabajadores "a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral".

El exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid fue sentado en el banquillo por las condiciones infrahumanas de las instalaciones con motivo del hacinamiento de cadáveres. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenó en 2014 la paralización de todos los trabajos, y al depurarse las responsabilidades por parte del rectorado de la Universidad se extrajeron del sótano 534 cadáveres.

El médico había desatendido las demandas de los trabajadores, quienes eran sometidos a trabajar en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales, rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el hedor a putrefacción. Los trabajadores presentaron varias quejas, pero no se tomó ninguna medida. Años después, comenzaron a aparecer larvas, gusanos e insectos.

Los trabajadores accedían al sótano sin protocolo de actuación, sin identificación y sin referencia a su origen o padecimiento de enfermedades infecto-contagiosas. La falta de control sanitario de acceso de cuerpos, determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos, infecciosos y/o parasitarios. El Ministerio Público sostiene que las características del centro de trabajo y las circunstancias en las que el acusado dirigía la actividad laboral de los técnicos "determinaba la creación de un grave riesgo para la salud, integridad física y mental de los trabajadores".