La tensión en el ámbito sanitario español se intensifica tras las recientes declaraciones del presidente del grupo Ribera Salud, Emmanuel de Geuser, quien ha expresado su profundo descontento con la situación actual y la forma en que la Sanidad se ha convertido en un "arma política". En una reunión con la Consejería de Sanidad, De Geuser defendió la labor de su grupo en el Hospital de Torrejón de Ardoz, enfrentándose a lo que considera "gravísimas y falsas acusaciones" que han surgido recientemente. Afirmó que estas circunstancias podrían llevarlo a considerar acciones legales.

El encuentro, que se llevó a cabo en la sede de la Consejería, estuvo encabezado por Fátima Matute, la titular del departamento. El presidente de Ribera Salud manifestó su preocupación por las filtraciones de una reunión que consideró privada, asegurando que han sido presentadas "fuera de contexto" con la intención de dañar la reputación del CEO y de la empresa que dirige.

De Geuser también destacó que el clima de polarización política en España ha comenzado a afectar al sistema sanitario, advirtiendo que situaciones como esta pueden perjudicar un modelo de atención que ha sido pionero en calidad y éxito en la Comunidad de Madrid, uno que aspira a expandirse a otros países europeos.

Durante la reunión, el presidente de Ribera Salud negó categóricamente la existencia de instrucciones erróneas emitidas a los profesionales del hospital, defendiendo asimismo la integridad y libertad de los trabajadores. Aseguró que no se han alterado los procesos de atención ni se ha reutilizado material sanitario de manera indebida, y mencionó que una auditoría interna respalda la buena gestión del hospital.

El día siguiente, De Geuser se reunió con los empleados del hospital para discutir las conclusiones de la auditoría interna, la cual reveló que el personal mantiene altos estándares de calidad en su trabajo. Los trabajadores expresaron su compromiso con el bienestar de los pacientes y su dedicación a la profesionalidad.

Por su parte, la Consejería de Sanidad ha dejado claro que tomará medidas contundentes si se detectan irregularidades, pero también actuará de manera razonada. Matute incluso alertó sobre la utilización del asunto como un "trending topic" para desviar la atención de otros escándalos que atañen al gobierno.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, respaldó esta postura, subrayando que hasta el momento no hay pruebas de malas prácticas, pero advirtió que se tomarán medidas "sin paliativos" si se comprueba lo contrario. También criticó la politización del conflicto, sugiriendo que su prolongación está motivada por intereses partidistas.

Desde la oposición, el PSOE ha demandado a la Fiscalía de Madrid que investigue posibles irregularidades que podrían constituir delitos graves relacionados con la administración pública y la salud. En el mismo sentido, Tesh Sidi de Más Madrid ha anunciado la intención de exigir que se indague sobre daños a pacientes en la gestión del hospital, mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, ha solicitado información detallada sobre la operación del Hospital de Torrejón.

El Gobierno regional ha defensado su accionar, reportando que se han realizado múltiples controles en el hospital y enviando un equipo de investigación justo tras el escándalo surgido a raíz de las revelaciones del CEO. Los informes preliminares indican que la atención es comparable o superior a la de otros hospitales de similar categoría.

A medida que la situación se desarrolla, la tensión entre las partes involucradas queda evidenciada, y De Geuser ha insistido en que las grabaciones divulgadas por el CEO de Ribera Salud son fragmentos manipulados que no reflejan toda la verdad de lo que se discutió en la reunión. Ha prometido presentar una grabación completa acompañada de un acta notarial para corroborar sus afirmaciones.