En Madrid, a partir del 24 de septiembre, dará inicio un juicio en el que Cristóbal López, apodado 'El Toba', enfrenta acusaciones graves por presuntamente haber abusado de varios menores en la frutería que administraba en Valdeavero. Este caso ha generado una gran conmoción social y ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los más pequeños.

El Ministerio Público ha solicitado una pena de 98 años de prisión por múltiples delitos relacionados con la agresión sexual a menores de 16 años y actos de exhibicionismo. Por su parte, la acusación particular, representada por el abogado Juan Manuel Medina, ha elevado la petición hasta los 105 años, reflejando la gravedad de los hechos y el impacto sobre las víctimas.

El pasado octubre, 'El Toba' ya había sido condenado a 19 años de cárcel por una agresión cometida en 2022 contra un adolescente de 15 años. En enero de 2024, se enfrentó a otro juicio, en el que fue absuelto de un cargo relacionado con la corrupción de menores, alegando que sus hijos o un amigo podrían haberse involucrado en un chat sexual donde aparecían imágenes de menores.

Las pruebas presentadas en este nuevo juicio indican que los abusos presuntamente ocurrieron tanto en su frutería como en su hogar. Las víctimas, un grupo de diez menores con edades comprendidas entre los 3 y 13 años, eran amigos de su hijo o pertenecían a su círculo cercano.

La investigación se inició en diciembre de 2020 tras la denuncia de una madre que reveló los abusos que su hijo había sufrido a manos de 'El Toba', quien había amenazado a los menores para que no hablaran. Esta situación alarmante ha llevado a las autoridades a actuar con prontitud.

De acuerdo con los informes de la Guardia Civil, el acusado aprovechaba su negocio de frutería para atraer a los niños ofreciéndoles golosinas y refrescos, momento en el que abusaba de ellos al tocarles las partes íntimas.

Documentos oficiales indican que López había estado viviendo en Valdeavero desde 2018, gestionando la frutería KEAI en la Plaza Víctimas del Terrorismo. Su entorno familiar, incluidos sus dos hijos, le permitía mantener una red de confianza con los padres de los menores, lo que facilitó sus actos delictivos.

La relación cercana con los progenitores generaba un ambiente de confianza que el acusado supo manipular. Su conducta depredadora se vio reflejada en el abuso que cometió contra los amigos de su hijo, donde incluso llegó a mostrarles material pornográfico y a amenazarlos con armas para silenciar su sufrimiento.

Las secuelas de estos presuntos abusos han sido devastadoras para las víctimas. Muchas de ellas presentan problemas emocionales severos y síntomas de ansiedad relacionados con una experiencia traumática, lo que ha llevado a que necesiten intervención y tratamiento psicológico.