En Madrid, un taxista ha sido sentenciado a 26 años de prisión tras ser hallado culpable de abusos sexuales hacia las amigas de sus hijos, en un caso que ha dejado al descubierto una alarmante realidad de explotación de menores. Los abusos ocurrieron entre finales de 2021 y octubre de 2023, y el individuo se valió de regalos y drogas para manipular a sus víctimas.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, detalla los diversos delitos por los cuales se le ha condenado, incluyendo corrupción de menores y violaciones a la libertad sexual y a la salud pública. La gravedad de los casos tratados por la Audiencia Provincial de Madrid refleja un problema más amplio de protección infantil en nuestra sociedad.

El caso se destapó gracias a la intervención de los padres de una de las menores, quienes dieron la alarma tras observar repetidos ingresos hospitalarios relacionados con adicciones a substancias controladas. Esto llevó a la investigación por parte de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (FAM) de la Policía Nacional, que terminó por descubrir la magnitud de la situación.

La Fiscalía argumentó que el acusado manipulaba a las menores que acudían a su hogar en el distrito de Carabanchel, ofreciéndoles dinero y drogas como la cocaína, hachís y marihuana a cambio de mantener relaciones sexuales o cualquier tipo de contacto íntimo. Esta táctica de seducción subraya la vulnerabilidad de los jóvenes en un entorno que debería ser seguro.

Durante el juicio, el acusado rechazó las acusaciones, negando haber realizado tocamientos o proporcionar sustancias que ocasionaran adicciones a las menores. "Nunca tuve intención de hacerles nada", afirmó, alegando que simplemente las transportaba de un sitio a otro hasta que notó que había una conexión inapropiada con ellas.

Sin embargo, el análisis de su teléfono móvil reveló enfatizantes pruebas en su contra, incluyendo la evidencia de contactos frecuentes con las víctimas, así como el envío de fotografías desnudas y vídeos sexuales por parte de las niñas. Estos hallazgos, indudablemente clave para el caso, dejan claro el patrón de manipulación y abuso que el condenado llevó a cabo.

En su alegato, el fiscal pidió medidas preventivas severas para el condenado, que incluirían una libertad vigilada de entre cinco y diez años y la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante cinco años. Además, se solicitó que no pudiera desempeñar ningún oficio que implique contacto directo con menores durante un período de hasta 20 años, subrayando la necesidad de prevenir que hechos tan aberrantes se repitan en el futuro.