Este miércoles, Madrid se ha convertido en el escenario de una masiva protesta de taxistas que han salido a las calles para manifestar su descontento frente a la reciente aprobación de 8.500 licencias de VTC a la empresa Cabify, un asunto que arrastra años en los tribunales. La convocatoria, organizada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y respaldada por Antaxi, busca exigir a las autoridades un reparto más equitativo entre los taxis y los vehículos de transporte con conductor.

Los manifestantes se agruparon a partir de las 10:30 horas, comenzando su marcha desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en el Paseo de la Castellana. El recorrido abarcó varias paradas, donde entregaron un documento con sus demandas, entre las que destacan la necesidad de frenar la expansión descontrolada de licencias otorgadas principalmente a Cabify y garantizar un balance justo entre los dos tipos de servicio.

Las estadísticas recientes indican que en la Comunidad de Madrid hay actualmente 8.873 autorizaciones de VTC y 15.931 licencias de taxi. Sin embargo, con la concesión de estas nuevas licencias a Cabify, el número de VTC podría superar al de los taxis, una situación alarmante para los profesionales del sector.

Julio Sanz, presidente de la FPTM, expresó su preocupación, calificando esta situación como una "auténtica barbaridad" que podría llevar a la "ruina" a más de 100.000 familias que dependen del taxi para vivir. Además, advierte que esta proliferación de licencias amenaza con "secuestrar la movilidad" en una ciudad ya de por sí complicada como Madrid.

Durante la marcha, los taxistas ocuparon los seis carriles del Paseo de la Castellana, avanzando lentamente y haciendo sonar sus bocinas en señal de protesta. Una pancarta destacaba el lema "Una invasión, no cabe ni una más", mientras que las consignas resonaban por la avenida, subrayando el descontento del sector.

Con el acompañamiento de la Policía Nacional, la manifestación se extendió a lo largo de tres kilómetros, y los vehículos exhibieron mensajes críticos en sus pegatinas, denunciando la especulación y la invasión de VTC en la capital.

Marcos Rodríguez, un taxista con casi 20 años de experiencia, enfatizó que la situación podría llevar al descontrol total, con un número alarmante de vehículos operando sin los debidos seguros. "Esto es una crisis inminente que la administración tiene que abordar de inmediato", señaló, subrayando la seriedad de la situación.

Jorge, un joven taxista que lleva tres años en el sector, también alertó sobre el impacto negativo que estas licencias tendrán no solo en su trabajo, sino en la circulación y congestión del tráfico en Madrid. "Esto va a convertir a la ciudad en un caos", aseguró.

El paquete de 25.000 licencias en discusión ha sido objeto de conflictos legales desde abril de 2018, y su implementación podría ser inminente. Mientras la compañía espera una transición gradual, los taxistas exigen que esta se realice de una sola vez, antes del plazo esperado del 17 de junio.

La Federación ha llevado la situación ante la Fiscalía de Madrid, presentando un informe que alega dudas sobre la validez de la documentación proveída por Cabify, sugiriendo que la compañía no tiene acceso a los vehículos que supuestamente corresponden a esas licencias.

Mientras tanto, el gobierno regional ha manifestado su intención de continuar la batalla legal, rechazando la decisión de las licencias otorgadas. "Se agotarán todas las vías judiciales", afirmaron desde la Consejería, afirmando que los jueces tienen la obligación de seguir los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Cabify, por su parte, defiende la legalidad de las licencias concedidas, insistiendo en que están respaldadas por sentencias judiciales. La compañía, con sede en Estonia, afirma que está cumpliendo todas las regulaciones y destacando su compromiso con el estado de derecho.

Desde diferentes rincones de España, el apoyo a los taxistas madrileños ha crecido. Emilio Mosquera Rodríguez, líder de los taxistas gallegos, anunció la intención de extender las manifestaciones a nivel nacional, haciendo un llamado a la defensa del sector ante lo que consideran un ataque institucional.

La lucha de los taxistas busca ser una lucha común en distintas comunidades, con la intención de cerrar puertos, aeropuertos y estaciones de tren para denunciar la situación. "Es una cuestión de supervivencia", afirmó un portavoz del gremio, destacando que el Gobierno tiene herramientas para resolver el problema que se está convirtiendo en insostenible.

Julio Sanz concluyó que lo que está ocurriendo en Madrid es un experimento a escala nacional, un campo de pruebas que podría determinar el futuro del servicio público de taxis en toda España. Ante la sospecha de especulación detrás de estas licencias, Sanz advirtió que esto va más allá de la competencia: "Detrás de todo esto hay un plan muy claro para hacerse con el mercado", denunció, llamando a la movilización y al esfuerzo colectivo para proteger su medio de vida.