La situación de violencia y discriminación hacia la comunidad LGBT continúa siendo un tema preocupante en España. En este contexto, la Fiscalía de Madrid ha presentado un caso que ha llamado la atención: se pide una pena de seis años de prisión para un joven cubano de 25 años que se encuentra en situación irregular en el país, acusado de agredir a una pareja homosexual en el Metro de Lavapiés durante el pasado 1 de mayo de 2024.

El juicio está programado para este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se examinarán las acusaciones de dos delitos de lesiones, agravados por el rechazo a la orientación sexual de las víctimas. Este tipo de agravantes pone de manifiesto la urgencia de abordar la homofobia y la intolerancia en la sociedad actual.

Los eventos que condujeron a esta situación se habrían desencadenado alrededor de las 22:25 horas, cuando el acusado, "impulsado por sus prejuicios", se acercó a S. L. G. y D. E. G., quienes estaban en una actitud cariñosa en el andén del metro. Este acto de amor fue interrumpido de manera violenta.

De acuerdo con la descripción presentada por la Fiscalía, el joven empujó a uno de los miembros de la pareja por la espalda. A raíz de una respuesta defensiva de las víctimas, el agresor escaló la situación, lanzando puñetazos y patadas en un ataque desmedido.

El relato también menciona que, durante la agresión, uno de los jóvenes terminó cayendo a las vías del metro, mientras intentaba levantarse tras el ataque. El otro, igualmente víctima de la violencia, fue derribado y golpeado en el suelo. Afortunadamente, lograron salir de la situación crítica, mientras que el acusado fue detenido por el personal de seguridad del metro hasta la llegada de la policía.

Desde el 12 de diciembre de 2024, el acusado se encuentra en prisión provisional, una decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería y posteriormente validada. Este tipo de medidas busca garantizar la seguridad de la comunidad ante actitudes violentas que desafían el respeto y la convivencia.

La Fiscalía ha formulado una solicitud que implica tres años de cárcel por cada delito de lesiones, además de solicitar que se imponga una orden de alejamiento de al menos 500 metros de las víctimas durante los próximos cinco años. También se espera que, siguiendo el artículo 89 del Código Penal, una vez cumplida una parte de la condena, el resto se traduzca en una expulsión del país por seis años.

En cuanto a la responsabilidad civil, se ha solicitado que el acusado recompense a S. L. G. con 500 euros por las lesiones sufridas, 900 euros por las secuelas físicas y 1.200 euros por daños morales, mientras que D. E. G. recibiría 850 euros por lesiones y otros 1.200 euros por los daños morales, más los intereses legales correspondientes. Este caso resalta la importancia de la justicia no solo penal, sino también reparadora para las víctimas de este tipo de agresiones.