MADRID, 23 de noviembre.

Bajo el lema "Sin apoyo a las universidades, no habrá tranquilidad para quienes nos agobian", se prepara una intensa huelga en las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, programada para los próximos miércoles y jueves. Esta protesta surge como respuesta a las advertencias sobre la "infrafinanciación" que soportan estas instituciones, así como la oposición a varios elementos de la inminente Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso planea presentar en la Asamblea antes de que termine el año.

En septiembre de 2023, poco después del inicio de la actual legislatura, la presidenta autonómica esbozó las líneas fundamentales de esta nueva legislación: priorizar "la libertad y la excelencia" y deshacerse del "yugo" de la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU), además de implementar un modelo de financiación revisable y plurianual. Desde entonces, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, encabezada por Emilio Viciana, ha estado trabajando en el desarrollo del proyecto normativo.

Uno de los aspectos más críticos que se aborda en la nueva ley es la financiación de las universidades públicas, que ya han expresado su preocupación por la grave "asfixia económica" que enfrentan. Los rectores de instituciones como la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III alertaron hace meses del "peligro inminente" que acecha a la educación pública por la escasez de recursos.

El borrador de la ley sugiere un modelo de financiación que se divide en tres categorías: una parte fundamental para personal y proyectos de inversión; otra para necesidades específicas, como la infraestructura; y una tercera vinculada a objetivos de rendimiento, donde la Comunidad destinará 10 millones de euros a ser distribuidos entre las universidades en función de logros académicos o de investigación.

Además, se indica que las universidades tendrán que generar al menos el 30% de su gasto a través de fuentes distintas de las transferencias proporcionadas por el Gobierno regional.

Desde la Consejería que dirige Viciana sostienen que han estado recabando un amplio abanico de opiniones de la comunidad educativa para garantizar que esta ley "cuente con el mayor consenso posible". Durante el verano, se intensificaron las reuniones con los rectores, concluyendo en una reciente junta a mediados de noviembre para consolidar sus aportaciones y reflejarlas en el texto final.

Por otro lado, el Proyecto de Presupuestos del Gobierno autonómico prevé destinar 1.239,7 millones de euros a las universidades públicas el próximo año, un aumento de 75,3 millones respecto a 2025, lo que representa un incremento del 6,5%. Esta cifra supone más del 4% del presupuesto total de la Comunidad para el ejercicio venidero.

Sin embargo, estas cifras han sido calificadas de "insuficientes" tanto por trabajadores como por estudiantes de las universidades. La coordinadora de las plataformas de las seis universidades reclama que la financiación llegue a ser el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. "El aumento anunciado apenas supone un incremento del 0,44% al 0,46%. Nos encontramos en una auténtica situación de asfixia”, señala con preocupación.

En este contexto, la plataforma critica que el Gobierno regional "se desentiende del 30% de la financiación, asumiendo sólo el 70%". Argumentan que la financiación basada en objetivos "perjudica la educación e investigación públicas", generando una dependencia económica de capital privado y provocando un aumento en las tasas educativas.

También se denuncia una "involución hacia un modelo empresarial" en la universidad pública, permitiendo que surjan entidades que buscan rentabilidad a expensas de la educación superior, lo que agudiza la privatización del sistema educativo en Madrid.

A pesar de estas críticas, Viciana defendió en octubre que no existe base alguna que sostenga la exigencia de que las universidades públicas reciban el 1% del PIB, calificado como "una cifra arbitraria e irreal", que solo busca "cargar aún más a las comunidades autónomas". Así, se negó a participar en la comisión de trabajo creada por el Ministerio de Universidades.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido la primera en solicitar asistencia financiera. A finales de octubre, el Gobierno regional aprobó un préstamo de 34.469.224 euros para ayudar a cubrir su déficit estructural.

Complementariamente, la Complutense debe presentar un Plan Económico Financiero (PEF) debido a que no ha logrado cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Entre las medidas que se han esbozado, se encuentra la retención de un 35% del crédito hasta el año 2028.

El rector, Joaquín Goyache, aseguró en un comunicado que las nóminas del personal “no están en riesgo”, y que se mantiene la política de estabilización del personal docente e investigador cuyas contrataciones cumplen con los requisitos estipulados en el Plan de Actuaciones.

Desde el Gobierno de Ayuso insisten en que "siempre" están disponibles para colaborar con las universidades para asegurar "su adecuado funcionamiento y calidad". No obstante, atribuyen el problema a un exceso de contrataciones, especialmente en puestos no oficiales, lo que ha generado una carga insostenible, a pesar de que el número de estudiantes no ha aumentado en la misma proporción.

Aparte del nuevo modelo de financiación, la futura Ley de Universidades incluirá un régimen sancionador. Inicialmente, el texto contemplaba una docena de infracciones graves, incluyendo la falta de garantía de pluralidad y libertad en los campus, con multas que podrían oscilar entre 100.000 y un millón de euros.

Sin embargo, tras las últimas reuniones, la propuesta ha sido modificada para fijar la multa máxima en 300.000 euros. Se excluyen de estas infracciones aquellas que no estén directamente relacionadas con el funcionamiento normal de los campus, como es el caso de la exhibición de pancartas no autorizadas.

Para la coordinadora de las plataformas universitarias, esto representa una mayor "interferencia" del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la autonomía de las instituciones educativas, lo que consideran una "mordaza" contra las libertades estudiantiles.

Antes de la huelga programada para los días 26 y 27, han tenido lugar otras manifestaciones para visibilizar la "asfixia" que sufren las universidades. Una de las más destacadas se realizó en la Puerta del Sol, donde los decanos de la Complutense alzaron su voz demandando un plan de financiación "realista" y expresando su rechazo a la futura normativa regional.

Además, varios docentes han llevado a cabo clases en espacios públicos de Madrid para sumar su apoyo a las movilizaciones y reivindicar la dignidad de la docencia. Las manifestaciones de la semana que viene cuentan con el respaldo de los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y CNT.