En una reciente declaración, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su intención de llevar ante los tribunales y las instituciones europeas un acuerdo que considera "inaceptable" en torno a la distribución de menores migrantes. Ayuso criticó la política migratoria del presidente Pedro Sánchez, argumentando que representa un impedimento tanto para España como para Europa, y, lo que es más preocupante, para los propios migrantes que se ven atrapados en redes criminales.

La presidenta se expresó a través de las redes sociales, haciendo énfasis en la necesidad de abordar la cuestión migratoria de manera más eficaz: "Ninguna comunidad autónoma, incluyendo Cataluña, Madrid o Canarias, debe ser utilizada para fomentar una inmigración irregular descontrolada. Este acuerdo inaceptable no solo perjudica a España, sino que tiene repercusiones en toda Europa y sobre todo afecta a los más vulnerables, los menores".

Sus comentarios surgieron tras la noticia de un pacto entre el Gobierno y el partido Junts que busca reformar una parte crucial de la Ley de Extranjería. Este acuerdo tiene como objetivo la redistribución de menores migrantes que actualmente se encuentran en zonas con alta presión migratorias, una decisión que ha generado un intenso debate entre las comunidades autónomas.

Según estimaciones de Junts, Cataluña podría recibir entre 20 y 30 menores, mientras que Madrid tendría la responsabilidad de acoger a 700. Ayuso no dudó en calificar esta situación como un uso político improcedente de los menores, alimentando un sistema que, a su juicio, ignora su bienestar y el de las ciudades que tienen que recibirlos.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, también ha alzado la voz en contra de este acuerdo, destacando la falta de consulta a las comunidades autónomas y la falta de información sobre el mismo. "Antes de hablar sobre la financiación de los recursos necesarios, es esencial preguntarse cómo un Gobierno puede llegar a un acuerdo con un partido independentista sin contar con la aprobación de las demás comunidades", señaló.

El consejero criticó la actitud del Gobierno, acusándolo de actuar sin considerar las necesidades y derechos de las comunidades, y añadiendo que está dispuesto a todo para mantener el apoyo de aquellos que, a su juicio, buscan desvirtuar el modelo de convivencia y gobernanza que se ha establecido en España.