La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha lanzado un duro golpe al Gobierno central, acusando al Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, de poner en peligro la vida de mujeres víctimas de maltrato a través de fallos en las pulseras antimaltrato. En una carta dirigida al Ministerio, Dávila ha solicitado la renuncia de Redondo y ha pedido informaciones detalladas sobre los efectos de estos fallos en la seguridad de las mujeres en la región.

En su misiva, Dávila expresa su preocupación tras la revelación de la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024, donde se señalaron múltiples errores en el funcionamiento de estos dispositivos, que han llevado a la absolución de algunos agresores. La consejera considera que estos errores son más que simples inconvenientes técnicos, señalando una serie de decisiones irresponsables desde la cartera de Igualdad. Esta situación, a su juicio, ilustra cómo el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha fallado estrepitosamente en su responsabilidad de proteger a las mujeres.

Dávila ha subrayado la urgencia de respuestas claras y transparentes sobre el origen de los problemas con las pulseras y la gestión del servicio, así como del proceso de migración de datos que podría estar comprometido. "Cada día que pasa sin una solución aumenta el riesgo y la inseguridad para las mujeres", enfatizó, demandando claridad sobre las garantías de seguridad actuales para las víctimas.

La consejera ha instado a Redondo a justificar por qué su departamento no tomó medidas ante las advertencias recibidas sobre la deficiencia del sistema, acusando al Gobierno de intentar "ocultar" la gravedad de la situación a pesar de las numerosas alertas provenientes de distintos actores, incluyendo víctimas y profesionales del ámbito judicial.

El tono de la misiva es contundente. Dávila considera que lo ocurrido no es solo una negligencia, sino un acto consciente que va en contra de los principios de una democracia que se precie. La representante madrileña ha calificado este comportamiento del Ejecutivo de traición hacia su deber fundamental de proteger a las mujeres, exigiendo así la dimisión de Redondo, ante el sufrimiento y vulnerabilidad a la que se han visto sometidas las mujeres. “Es inaceptable que su vida esté en riesgo por la incompetencia del Gobierno”, concluyó Dávila.