En Madrid, el 16 de julio, se ha hecho eco una decisión que levanta inquietudes sobre el tratamiento de los espacios destinados a la acogida de migrantes. Borja Carabante, el delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha anunciado el cierre temporal de un hostal ubicado en Puente de Vallecas, que es operado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Este anuncio llega en medio de la polémica sobre el uso del establecimiento para fines diferentes a los turísticos, dado que la comunidad autónoma de Madrid se preparará para realizar inspecciones con el fin de verificar la situación de los residentes.

En sus declaraciones, Carabante insistió en que el hostal funciona bajo una licencia turística y, por lo tanto, no está habilitado para albergar migrantes. “Se ha ordenado la suspensión de la actividad temporal, y está en marcha una revisión por parte de la Comunidad de Madrid para asegurar que se cumple la legalidad en el uso de estas instalaciones”, afirmó el delegado. Este argumento refleja una postura institucional que parece ignorar las realidades que enfrentan muchas personas en situaciones de vulnerabilidad.

Durante una visita a una torre de vigilancia de incendios en Casa de Campo, Carabante, acompañado de la alcaldesa en funciones Inma Sanz, subrayó la importancia de que otro hostel en la calle Baviera, propiedad del mismo gestor, cumpla con los requisitos normativos antes de su puesta en marcha. “Aseguraremos que este otro establecimiento se ajuste estrictamente a las condiciones que establece su licencia y no se convierta en un refugio encubierto para migrantes”, agregó con firmeza.

La controversia en torno a este hostal y otras instalaciones que gestiona CEAR ha crecido en las últimas semanas, a medida que grupos de vecinos han manifestado su descontento con la posibilidad de que sean utilizados como residencias para migrantes. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ya había advertido a principios de junio que se procederá al cierre de estos hostales si no se utilizan con fines turísticos. Este conflicto entre la necesidad de dar refugio a quienes huyen de situaciones críticas y la oposición local refleja profundas divisiones en la política migratoria de la ciudad.