El PSOE ha sido objeto de críticas por ser señalado como responsable de desviar la atención sobre su posible implicación en financiaciones ilegales, utilizando las negociaciones con Cataluña como una cortina de humo.

En una reciente rueda de prensa, Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, destacó la preocupación que ha manifestado la Unión Europea respecto a la amnistía en España, considerándola un claro ejemplo de "corrupción de Estado".

García Martín se refirió a cómo la Comisión Europea ha llamado la atención del Tribunal de Justicia de la Unión sobre el tema, argumentando que la amnistía otorgada a aquellos implicados en el intento de golpe de Estado en Cataluña no responde a los intereses generales de la sociedad.

El consejero afirmó que esta situación puede considerarse una "autoamnistía" elaborada por quienes han transgredido la ley, resaltando que tal acción ha generado una fractura significativa en el tejido social del país. Además, subrayó que la peor forma de corrupción gubernamental es aquella que busca recompensar a los que han quebrantado la legislación.

En un giro hacia la crítica política, García Martín indicó que el PSOE intenta ocultar el debate sobre sus posibles irregularidades financieras al centrarse en cuestiones relacionadas con la singularidad de Cataluña. Expresó su preocupación, afirmando que las decisiones tomadas en las negociaciones bajo el liderazgo de Sánchez repercutirán negativamente en los bolsillos de los ciudadanos.

Desde su perspectiva, las medidas de financiación especiales para Cataluña y las concesiones al PNV son, a su juicio, "ilegales e inconstitucionales", ya que contravienen la Constitución que otorga al Estado la autoridad exclusiva sobre el régimen de la Seguridad Social. Esta interpretación defiende la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a prestaciones para todos los ciudadanos, sin distinción de su ubicación geográfica.