ALCALÁ DE HENARES, 17 de julio. En una jornada marcada por la tensión y la confrontación, la Delegación del Gobierno en Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid revelaron su deteriorada relación durante una Junta Local de Seguridad. Originalmente convocada para discutir el dispositivo de seguridad en las próximas fiestas patronales, la reunión se desvió rápidamente hacia la polémica sobre la situación migratoria en la ciudad, generando enfrentamientos verbales entre las distintas autoridades, que se acusaron mutuamente de responsabilidades.

La crisis entre el Gobierno central y el consistorio alcalaíno escaló a finales de junio, tras una agresión sexual a una joven, un hecho cuya presunta vinculación con un migrante del Centro de Atención, Derivación y Emergencia (CAED) instalado en el acuartelamiento Primo de Rivera desde finales de 2023, encendió los ánimos. Mientras que la delegación gubernamental intentó contener la situación, surgieron acusaciones de racismo contra la alcaldesa, quien, según su homólogo regional, parecía hacer eco solo de la problemática cuando los delitos involucraban a extranjeros.

Los últimos días han visto un intercambio de acusaciones entre el delegado del Gobierno, Piquet, y representantes de la Comunidad de Madrid. Esto culminó en la tensa Junta Local, llevada a cabo apenas dos días después de que el Pleno del Ayuntamiento reprobara al delegado y exigiera el cierre del CAED. En este contexto, el delegado del Gobierno compartió con los medios los detalles del dispositivo de seguridad, aunque no pudo evitar mencionar el ambiente cargado de la reunión, sugiriendo que Cervantes, el célebre escritor alcalaíno, hubiera encontrado inspiración en el sainete que allí se desarrolló.

A pesar de sus críticas hacia la gestión de Piquet y la Comunidad de Madrid por "criminalizar" a los migrantes, Martín intentó lanzar un mensaje conciliador, haciendo un llamado al entendimiento. Sin embargo, la oferta de armonía no fue bien recibida y los líderes locales continuaron atacando a la administración central, con Novillo describiendo la gestión de Martín como "la más deleznable" en años. La animosidad era palpable y la alcaldesa no escatimó en verbalizar su frustración, enfatizando que esta era la primera vez que el delegado visitaba la ciudad.

Piquet tampoco se quedó atrás y descalificó las cifras de criminalidad presentadas por Martín, sugiriendo que las condiciones de vida a menudo no son objeto de denuncia, pero sí afectan la convivencia entre vecinos. por su parte, Novillo subrayó que la población de Alcalá no estaba interesada en estadísticas, sino en una respuesta efectiva que garantice su seguridad. Abordó la gravedad de los incidentes, diferenciando entre delitos menores y agresiones sexuales, lo que abre un debate sobre la percepción de la seguridad entre los ciudadanos.

La situación no solamente afecta la esfera política, sino que también ha incitado a la comunidad a actuar. Poco después de la agresión, varios grupos, incluyendo algunos de extrema derecha, organizaron una manifestación en las cercanías del CAED. A pesar de la intervención del Gobierno para cambiar el recorrido de la protesta, los manifestantes continuaron su camino, lo que llevó a altercados con la Policía y dejó varios heridos y detenciones.

Después de un breve lapso de calma, Alcalá de Henares se prepara para una nueva manifestación este fin de semana, aunque la Delegación del Gobierno ha señalado que aún no ha sido oficialmente informada sobre el evento. Las diferencias entre Martín y las administraciones controladas por el PP continúan. Mientras el delegado promueve la despolitización de las concentraciones debido a su naturaleza extremista, el Ayuntamiento y la Comunidad defienden el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente.

Martín recalcó la necesidad de poner fin al hostigamiento hacia los migrantes y propuso un cambio radical en la retórica del odio que ha caracterizado la situación actual. Sin embargo, Piquet se distanció de los discursos extremistas surgidos en las manifestaciones, reafirmando que los ciudadanos tienen derecho a participar en la protesta. A medida que se acercan las concentraciones, Piquet insinuó que los organizadores tienen oportunidades para comunicarlas a la Delegación, evidenciando así la delicada danza política que sigue en el corazón de Alcalá de Henares, donde el clima social sigue crispado.