En la jornada del miércoles 26 de noviembre en Madrid, Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, expuso su perspectiva sobre los desafíos que afronta la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato. A su juicio, Peramato deberá embarcarse en una ardua labor para restaurar el prestigio de la Fiscalía, severamente golpeado en los últimos tiempos.

García Martín recordó que la percepción de independencia de esta institución estará intrínsecamente ligada a la gestión de Peramato. Resaltó que la actual renovación de la Fiscalía surge tras la conveniente utilización de su predecesor por parte del presidente Pedro Sánchez, lo que ha desencadenado un clamor por un cambio significativo en el ámbito judicial.

El consejero fue contundente al señalar que el anterior fiscal general no solo falló en su deber, sino que actuó en detrimento de la ley. Según sus declaraciones, esta situación lo llevó al banquillo de los acusados, lo que provocó su inhabilitación y condena, creando así un precedente preocupante para la institución.

García Martín también cuestionó la legitimidad de Sánchez para realizar nuevas designaciones, argumentando que él mismo figura como parte del problema, ya que fue el responsable de poner en su puesto al fiscal inhabilitado. A su entender, esto plantea la necesidad de un cambio radical en el manejo del aparato judicial, ya que el presidente busca consolidar su influencia en diversas entidades gubernamentales.

El consejero no se detuvo allí y, en el mismo discurso, hizo hincapié en la reciente situación relacionada con Koldo García, un exasesor ministerial, cuyo caso nuevamente ha colocado al sanchismo en una posición comprometida ante los tribunales. Criticó la falta de credibilidad, sugiriendo que no se puede permitir que altos mandos ignoren las acciones de sus subordinados, especialmente cuando se trata de controversiales acuerdos con partidos como Bildu.