La lucha por la memoria histórica en Madrid ha tomado un nuevo giro. El Tribunal Constitucional ha decidido anular la suspensión sobre una norma que impedía que la emblemática Real Casa de Correos fuese reconocida como un lugar de memoria democrática, un paso fundamental para recordar y honrar a las víctimas del pasado.

Este fallo, aprobado de forma unánime, fue esencialmente fundamentado en los argumentos de la magistrada María Luisa Segoviano, quien señaló que las posibles acciones futuras, como la instalación de placas conmemorativas o la realización de eventos relacionados con la memoria histórica, se consideran más bien inciertas en este momento.

El debate legal se centra en una disposición de la Ley 8/2024, que limita la capacidad de la Real Casa de Correos para ser reconocida como un lugar de memoria democrática, un hecho que fue disputado por el presidente Pedro Sánchez al presentar un recurso de inconstitucionalidad. Este recurso se basó en el supuesto de que la legislación autonómica vulneraba la competencia estatal establecida en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022.

Desde el 16 de octubre, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha avanzado en el proceso para declarar la Real Casa de Correos como un espacio dedicado a la memoria democrática, ya que este lugar fue el antiguo centro de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista.

Frente a esta decisión, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid planteó un conflicto de competencias que fue admitido a trámite en marzo de 2025. El Tribunal Constitucional, tras aceptar el recurso de inconstitucionalidad presentado por Sánchez el pasado abril, suspendió inicialmente la norma impugnada.

A medida que se acercaba el límite de cinco meses para decidir sobre la continuidad de la suspensión, tanto la Asamblea de Madrid como el Gobierno de la Comunidad pidieron su levantamiento. En este contexto, el Pleno del Tribunal evaluó la situación y reafirmó su postura de que mantener la suspensión debería ser una medida excepcional, sopesando los intereses en juego.

Los defensores de la norma alegaban que su implementación complicaría el reconocimiento de la Casa de Correos y, por ende, la reivindicación de dignidad para las víctimas. Sin embargo, el Tribunal argumentó que estos perjuicios son meramente hipotéticos y que el proceso de declaración aún está en curso, destacando así que los hechos mencionados siguen siendo inciertos.

Por esta razón, la posibilidad de que se instalen placas o se organicen eventos conmemorativos, así como el riesgo de que la Comunidad de Madrid se niegue a permitir dichas actividades, no son suficientes para justificar la continuación de la suspensión. En consecuencia, el Tribunal ha decidido reactivar el proceso, dejando claro que se trata de una cuestión que todavía necesita resolverse.