La crítica a la gestión de Isabel Díaz Ayuso por parte de Más Madrid se intensifica, tras las recientes revelaciones sobre el uso de un chalet público en El Paular. Manuela Bergerot, portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, ha calificado a la presidenta regional de "vividora de lo público" y de ser una "Robin Hood al revés", denunciando que su accionar se traduce en recortes a los servicios públicos mientras disfruta de comodidades a costa de los impuestos de los ciudadanos.

Junto al diputado Hugo Martínez Abarca, Bergerot ha presentado una propuesta de ley en la Cámara que busca controlar el uso que los funcionarios pueden dar al patrimonio de la Comunidad de Madrid. La iniciativa busca que ningún cargo público esté autorizado a utilizar estos bienes de manera diferente a lo que cualquier ciudadano podría hacerlo, salvo en los casos que la función pública lo requiera.

El trasfondo de esta propuesta está relacionado con el chalet de El Paular, donde Ayuso ha pasado tiempo con su familia. Desde el Gobierno regional se ha defendido su uso afirmando que se trata de un espacio destinado a reuniones, y que su visita el pasado 12 de julio fue una mera coincidencia. Autoridades regionales enfatizan que este uso es permitido y que no se han hecho uso de servicios públicos en su estancia.

A pesar de estas justificaciones, Bergerot defiende que el ejercicio de la política debería estar alineado con el servicio a la ciudadanía, y no como una vía para obtener privilegios. Por ello, la formulación de la ley busca prohibir el uso privado de los bienes públicos, impidiendo que se traten como propiedades personales por parte de los mandatarios.

"Ayuso ha mostrado una y otra vez que su lugar en la política es para aprovecharse del erario público. Su comportamiento es un ejemplo de despilfarro e incluso de desprecio hacia los ciudadanos, a los que recorta servicios básicos mientras se da la vida buena", afirmó Bergerot, condenando la situación.

La proposición también establece que toda entidad, sea pública o privada, que gestione bienes del patrimonio regional debe asegurarse de su conservación y responder por cualquier daño causado. Además, se incluye una cláusula que insta a los ciudadanos a colaborar en la protección de estos patrimonios.

Finalmente, Más Madrid pide que cualquier cesión de uso de inmuebles de patrimonio público para fines residenciales o de ocio de funcionarios públicos deba ser aprobada de manera motivada por la Consejería de Presidencia, con la condición de que se haga público en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Esta medida busca garantizar la rendición de cuentas y un uso más ético de los bienes comunes.