En un reciente giro en la administración madrileña, la Comunidad de Madrid ha decidido apelar la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que dejó sin efecto algunos aspectos del acuerdo firmado con los sindicatos para el personal de la administración autonómica. Este anuncio se produjo el 21 de julio y ha generado un amplio debate en torno a los derechos laborales en la región.

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, liderada por Rocío Albert, ha confirmado a Europa Press que el plazo para presentar el recurso culminaba el pasado lunes. No obstante, han aclarado que aún se encuentran en el proceso de formalización de dicha apelación, lo que indica que la batalla legal está lejos de concluir.

La semana pasada, el Gobierno regional se mostró cauteloso tras la anulación de cinco artículos del convenio colectivo. El tribunal sustentó su decisión en que esos artículos vulneraban derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente en lo que respecta al derecho a la huelga y a la manifestación. Caben destacar que la sentencia del TSJM solo acogió alrededor de un 20% de las 29 impugnaciones planteadas por Comisiones Obreras (CC.OO.).

Desde el Ejecutivo, se defendió que la decisión judicial, aunque crítica, no desautoriza por completo el convenio vigente. Según sus declaraciones, el fallo reconoce que el resto del documento podría estar en conformidad con la ley, sugiriendo que solo se requieren ajustes en la redacción o en su fundamentación.

“Esta sentencia no anula un acuerdo que se negoció de forma conjunta con los sindicatos mayoritarios y que trae consigo beneficios significativos, como la carrera profesional y mejoras salariales para más de 40.000 trabajadores públicos”, afirmaron desde la administración. Según el Gobierno, los empleados podrían alcanzar incrementos salariales del 50%, lo que representa un avance significativo en sus condiciones laborales.

El convenio, que entró en vigor el 1 de enero, se ha visto envuelto en polémica tras ser impugnado por CC.OO. y criticado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En particular, la Sección 1 de lo Social del TSJM declaró nulos varios apartados que prohibían expresamente la convocatoria de "huelgas, concentraciones o cualquier otra medida de conflicto colectivo" encaminadas a alterar lo acordado previamente.