El debate en torno al denominado "cupo catalán" ha vuelto a centrar la atención en la necesidad de una revisión constitucional. Esta semana, la Asamblea de Madrid inició una comisión de estudio sobre las implicaciones de la reciente quita de deuda acordada entre el PSC y ERC, un hecho que, según diversos expertos, podría acarrear efectos adversos para la equidad del sistema fiscal en la región.

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, abrió la sesión y destacó que el pacto fiscal implicaría una disminución significativa de la contribución neta de Cataluña al Estado, estimada entre 6.500 y 13.000 millones de euros anuales. De la Fuente subrayó que, si bien Cataluña no es una comunidad mal financiada, redistribuir recursos de forma tan drástica podría perjudicar a otras regiones que ya enfrentan dificultades.

De la Fuente enfatizó la importancia de una recaudación impositiva consolidada, mencionando que fraccionar el sistema en dos partes diversas podría resultar en una pérdida de eficiencias e incrementar costos operativos. Además, alertó sobre las posibles fugas de recursos, sugiriendo que la transición hacia un sistema de concierto tributario podría crear más problemas de los que resolvería.

El experto expresó su preocupación por la forma en que se presenta esta propuesta, alegando que no se trata de un avance hacia una mayor federalización, sino más bien de un debilitamiento de la capacidad de la Administración central para gestionar los recursos de manera equitativa y eficiente entre todas las comunidades autónomas.

Raúl Canosa, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, también intervino, indicando que el artículo 138 de la Constitución establece que los estatutos no pueden establecer privilegios. Canosa argumentó que cualquier intento de crear una financiación excepcional para Cataluña requeriría una modificación de la Constitución, dado que esto alteraría el equilibrio establecido en el sistema fiscal español.

El catedrático añadió que existe la posibilidad de que tal modificación sea incompatible con la Constitución actual, ya que transformaría un marco federal en uno confederal, lo que comprometería la capacidad del Estado para manejar sus competencias tributarias y de deuda.

Por otro lado, el parlamentario del PP, Ángel Alonso, criticó el acuerdo como un pacto unilateral, elaborado sin la participación del resto de las comunidades autónomas. En su opinión, este enfoque parte de una premisa errónea que sostiene que Cataluña está subfinanciada, argumentando que el problema radica más bien en la gestión de los recursos.

El diputado Francisco Galeote también se unió a esta crítica, señalando que el acuerdo representa un desafío al sistema estatal y a un estatuto constituido parcialmente como inconstitucional. Galeote acusa a la coalición del PSOE y los separatistas de converger en un interés común que erosiona la solidez de la unidad nacional.

En resumen, la propuesta de un "cupo catalán" no solo plantea cuestionamientos sobre la financiación de Cataluña, sino que también suscita un debate más amplio sobre la integridad del sistema fiscal en España y la equidad entre las distintas comunidades autónomas.