En un fallo significativo en la capital española, el Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid ha decidido cerrar la operación de diez apartamentos turísticos, reconociendo que las actividades de estos negocios han vulnerado el derecho a la intimidad de una familia con hijos que reside en el mismo edificio, ubicado en la concurrida calle Toledo.

Según la sentencia emitida, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha dado la razón en parte a la denuncia presentada por esta pareja con dos menores, obligando a cuatro empresas a compensar a los afectados con una suma total de 37.000 euros. La decisión refleja una creciente preocupación por el impacto de los alquileres turísticos en la calidad de vida de los residentes permanentes en las áreas urbanas.

El diario 'El País' ha informado que el magistrado ha determinado que se ha infringido el derecho a la intimidad familiar de los demandantes debido a ruidos molestos y actividades consideradas como ilegales e insalubres por la gran aglomeración de visitantes en los apartamentos contiguos.

Las pruebas presentadas ante el juez incluyen testimonios sobre el ruido, así como quejas por la suciedad generada, que comprendía situaciones tan graves como vómitos en los patios, dañando buzones y otros elementos del edificio. La situación ha sido tan insostenible que la comunidad de vecinos se vio obligada a implementar una derrama para cubrir gastos de limpieza adicionales, e incluso a contratar un vigilante de seguridad, lo que ha intensificado los problemas de convivencia entre los residentes.

En su dictamen, el juez considera que la demanda de cesación de actividades en estos apartamentos se justifica, dado que se ha demostrado la gravedad y permanencia del problema, lo que imposibilita el goce normal de la vida privada de la familia afectada. Las condiciones actuales de explotación de los inmuebles por parte de las empresas demandadas son consideradas incompatibles con el derecho de los actores a disfrutar de su hogar en paz.

El auto judicial también subraya que la situación de perturbación ha persistido durante un tiempo considerable y que, a pesar de los reiterados intentos de la familia para resolver la situación de manera amistosa, estos esfuerzos no han obtenido resultados. Sus quejas se limitaron exclusivamente a los apartamentos que impactaban directamente en su vida cotidiana.

El juez señala que la falta de acción por parte de las empresas demandadas debe ser un factor esencial en la evaluación de la necesidad de la medida, ya que la comunidad de vecinos se ha visto obligada a incrementar servicios de limpieza y vigilancia únicamente para proteger sus propios intereses, lo que ha resultado en un incremento de los gastos compartidos.

Finalmente, el magistrado considera justificada la indemnización solicitada por los demandantes en concepto de daños morales, sustentada por un informe pericial que evidenció el sufrimiento causado por la situación. Esta resolución marca un precedente importante en la batalla de los residentes frente a la expansión descontrolada de los alquileres turísticos en áreas urbanas, resaltando el derecho de las familias a vivir en un entorno saludable y tranquilo.