En un giro significativo en los acontecimientos, la jueza de Instrucción número 34 de Madrid ha determinado que se inicie el proceso de juicio oral contra el responsable único del festival Mad Cool, así como contra la propia empresa organizadora, debido a las acusaciones sobre un presunto delito ambiental asociado al excesivo ruido durante su edición de 2023.

Este avance se formaliza a través de un auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, donde se establece la apertura de la vista contra el administrador y la entidad Mad Cool Festival S.L. Asimismo, se les ha solicitado que presenten una fianza de 12.000 euros para garantizar posibles responsabilidades económicas que pudieran derivarse de una eventual sentencia condenatoria.

La acción judicial se inició tras una denuncia por parte de residentes locales, quienes señalaron preocupaciones sobre posibles infracciones ambientales, en particular, en lo que respecta a la contaminación acústica durante los días que se celebró el festival.

La iniciativa vecinal Stop Madcool, que reúne a diversas asociaciones de Villaverde y Getafe Norte, se ha incorporado al proceso legal exigiendo que se determinen responsabilidades y ha puesto de relieve una demanda de indemnización de 10.000 euros en el contexto del juicio.

Las indagaciones oficiales se han centrado en los niveles de ruido registrados entre el 6 y el 8 de julio de 2023, periodo durante el cual se llevaron a cabo los conciertos en el recinto Iberdrola Music, situado a escasos metros de las zonas residenciales del distrito de Villaverde y Getafe.

En el documento de acusación, el fiscal ha solicitado una condena de dos años de prisión para el administrador José Javier A. L., así como una multa diaria de 30 euros durante 12 meses y una inhabilitación de dos años para ejercer cualquier actividad relacionada con la gestión de locales y eventos musicales.

Por su parte, la empresa Mad Cool Festival S.L. se enfrenta a la posibilidad de una multa de 100 euros diarios durante dos años, además de una inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas, contratar con la administración y beneficiarse de incentivos fiscales y de la seguridad social por el mismo periodo.