En un giro significativo de los acontecimientos, la jueza de Instrucción número 53 de Madrid ha decidido llevar al Real Madrid y a su administrador único, José Ángel Sánchez Periañez, a juicio por presuntos delitos medioambientales relacionados con los conciertos que se llevaron a cabo en el estadio Santiago Bernabéu entre abril y septiembre de 2024. Este avance se produce tras la conclusión de la fase de instrucción, a raíz de una querella presentada por un grupo de vecinos afectados por el impacto acústico de dichos eventos.

El auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, señala la existencia de indicios que podrían calificar los hechos como infracciones penales. La jueza ha trasladado el caso al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares, quienes ahora deberán presentar su escrito de acusación y solicitar la apertura del juicio oral o el archivo de la causa.

La investigación se inició después de que la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu interpusiera una denuncia en julio de 2024, en la que argumentaban que los conciertos en el renovado estadio provocaban un "ruido excesivo". Este reclamo se basa en la preocupación de que las actividades musicales superan los límites sonoros establecidos por la normativa municipal.

Según el análisis de la jueza, existen pruebas de que la empresa gestora del estadio sin la debida autorización, organizó una serie de conciertos entre abril y septiembre de 2024. Este hecho llevó al Ayuntamiento de Madrid a abrir múltiples sanciones por infringir las normativas de ruido, con multas que rondan entre los 16.000 y 148.000 euros.

Durante el proceso de instrucción, se llevó a cabo una exhaustiva recopilación de información, incluyendo todos los registros de mediciones de ruidos realizados por la Policía Municipal en las cercanías del estadio desde finales de abril hasta mediados de julio de 2024. Asimismo, se estudió el volumen de denuncias recibidas por el 092, que alertaban sobre el "ruido excesivo" generado por estos conciertos.

Los denunciantes sostienen que estos eventos no solo transgredieron las normativas acústicas, sino que también se realizaron sin llevar a cabo las adecuadas medidas de insonorización requeridas. Aseguran que tanto el alcalde como el delegado de Urbanismo son conscientes de la situación y han fallado en su responsabilidad de proteger los derechos de la comunidad frente a los intereses de una entidad privada.

En el caso presentado, se subraya que la licencia otorgada al club en 2019 para las obras de reforma del estadio no contemplaba el uso del mismo para conciertos y que cualquier evento de esta índole requeriría una autorización específica. Los quejosos argumentan que la falta de preparación para manejar el ruido durante estos eventos demuestra una negligencia por parte de los administradores del estadio.

El contenido de la querella cita específicamente varios conciertos, como los de Taylor Swift y Duki, enfatizando que, en cada uno de ellos, el ruido superó lo permitido por la regulación municipal. La asociación vecinal critica al Ayuntamiento por su respuesta, limitándose a sancionar a los promotores con multas que consideran "insuficientes".

En última instancia, la actuación denunciada refleja una falta de consideración por los derechos de los vecinos afectados, lo que levanta serias preguntas sobre la responsabilidad de las autoridades locales y la gestión de las grandes entidades deportivas en el contexto de la convivencia comunitaria.