Este miércoles, la Audiencia Provincial de Madrid dará inicio a un juicio que tiene como protagonistas al exalcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, y a una exconcejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, quienes se enfrentan a acusaciones de prevaricación administrativa. Los cargos surgen a raíz de la presunta utilización indebida de contratos menores durante los años 2016 y 2017.

La Fiscalía busca imponer una inhabilitación especial de ocho años para ambos, prohibiéndoles ejercer cualquier rol como alcalde, teniente de alcalde o concejal en el ámbito local. La acusación apunta a la utilización abusiva de contratos menores, los cuales representaron más del 50 % de las contrataciones en el Ayuntamiento, todo con el fin de esquivar los procesos de licitación pública establecidos por la ley.

Según el fiscal, los acusados fraccionaron sistemáticamente contratos similares y aprobaron facturas por separado para mantenerse por debajo del umbral legal de 18.000 euros fijado para este tipo de contratos. Tal conducta facilitó que ciertos beneficiarios obtuvieran ventajas injustas, lo que a su vez ha puesto en entredicho los principios de publicidad y transparencia que deberían regir estas contrataciones.

Durante la investigación, se evidenció que el entonces alcalde continuó aprobando contratos a pesar de las advertencias de ilegalidad emitidas por el vicesecretario interventor municipal, quien alertó en varias ocasiones sobre las irregularidades. En todos los casos, el alcalde decidió desestimar las objeciones levantando los reparos que se habían formulado.

Entre los contratos en cuestión, se incluyen trabajos de mantenimiento de edificios públicos con facturas que superaron los 45.000 euros en 2016, y contratos para el cuidado de zonas ajardinadas que fueron adjudicados a empresas como Morajardín S.L. y Urbaser S.A., superando los límites legales en los años 2016 y 2017. Además, se menciona el suministro de material de ferretería para la piscina municipal, que alcanzó un gasto de más de 22.700 euros en un solo año.

La Fiscalía también ha señalado la existencia de una prórroga tácita considerada ilegal en un contrato de mantenimiento de áreas verdes, además de detectar irregularidades en campañas de publicidad del municipio y el alquiler de equipos de sonido, entre otros servicios que debían haber seguido procedimientos de contratación abiertos.

Desde la perspectiva del Ministerio Público, Juan Carlos Rodríguez Osuna fue el principal autor del delito, mientras que la exconcejal, S. V. B., habría actuado como cooperadora necesaria al firmar y gestionar las contrataciones desde su área de responsabilidad.