En una jornada marcada por la controversia, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha anunciado este martes su intención de llevar a los tribunales el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para la redistribución de menores migrantes. Rodrigo considera que este enfoque, que se implementará mediante un Real Decreto que se discutirá en el Consejo de Ministros, afecta negativamente a la equidad entre las comunidades autónomas y se ha llevado a cabo de manera poco transparente.

El mencionado decreto tiene como objetivo establecer la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma, en particular la cantidad de menores migrantes no acompañados que están en condiciones de recibir. Sin embargo, el consejero ha manifestado que la Comunidad de Madrid se siente despojada de una participación adecuada en este proceso y ha subrayado que se revisará judicialmente este reparto.

“La Comunidad de Madrid tomará todas las medidas necesarias, incluso en el ámbito judicial, para asegurar un reparto justo y transparente de los menores migrantes”, afirmó Rodrigo. Según sus palabras, el objetivo del Gobierno central parece ser mantener el poder en La Moncloa sin garantizar la claridad que esta situación requiere.

Durante su comparecencia ante los medios en Alalpardo, el consejero expuso que la decisión que afecta al reparto de menores se ha tomado sin la debida transparencia y solicitó mayor información sobre los planes del Gobierno de Sánchez. “Es inaceptable que se intente ocultar a las comunidades autónomas, incluida Madrid, cómo se gestionará el asunto de los menores migrantes”, expresó con firmeza.

Asimismo, criticó la gestión del Ejecutivo central, argumentando que este no está ejerciendo un liderazgo eficaz y parece tener algo que ocultar. A su juicio, la falta de información puede reflejar una ausencia de responsabilidad. Rodrigo también hizo hincapié en que Madrid ha mostrado históricamente solidaridad en estos temas, a diferencia de otras comunidades como Cataluña y el País Vasco, que, según él, no tienen la misma disposición para recibir menores de una manera equitativa, debido a intereses políticos en juego.