En Madrid, el 3 de septiembre, se ha presentado un nuevo capítulo en el caso de Alberto González Amador, quien enfrenta graves acusaciones por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Su defensa ha decidido apelar ante la Audiencia Provincial de Madrid tras la negativa de la juez Inmaculada Iglesias, quien desestimó la solicitud de realizar diligencias clave para el proceso.

Según detalla el escrito de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados de González Amador han argumentado que su cliente necesita realizar tres diligencias adicionales, las cuales son esenciales para garantizar su derecho a una defensa efectiva. Estos incluyen un informe tributario y dos testimonios que podrían esclarecer la situación de unas facturas relacionadas con trabajos realizados en México y Costa de Marfil.

La defensa sostiene que los testimonios propuestos tienen el potencial de demostrar que las facturas en cuestión reflejan servicios legítimos y, por lo tanto, no deberían considerarse fraudulentas. Argumentan que esto sería fundamental para desestimar la acusación de delito fiscal en caso de que se determine la veracidad de dichas facturas.

Por otro lado, la defensa plantea que incluso si se consideraran las facturas como falsas, la falta de ajustes necesarios por parte de la Agencia Tributaria en la liquidación fiscal impide calificar la situación como un delito fiscal. Esta perspectiva, argumentan, debería ser seriamente considerada antes de emitir cualquier juicio.

El equipo legal enfatiza la importancia de incorporar los testimonios propuestos en el sumario, ya que estos podrían validar la existencia de los servicios prestados y señalar que dicha información no ha sido conocida ni valorada por la Agencia Tributaria en ningún momento, lo que contraviene su derecho a la defensa.

Finalmente, la defensa critica la negativa de las autoridades a permitir estas diligencias, afirmando que esta resolución es una violación de los derechos fundamentales de su cliente, incluyendo el derecho a una defensa efectiva y a la presunción de inocencia. La situación plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos de aquellos que enfrentan acusaciones en el sistema judicial.