En un notable giro en la gestión municipal, el Ayuntamiento de Leganés se ha mantenido firme en su oposición a aplicar la tasa de basuras establecida por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que obliga a todos los municipios de España a implementarla antes del 10 de abril de este año.

A diferencia de otros municipios gobernados por el Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid, que han accedido a esta obligación gubernamental de manera un tanto reticente, fuentes del Consistorio de Leganés aclaran que el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, no realizará más declaraciones sobre la disposición de la tasa en el corto plazo. En declaraciones anteriores, Recuenco había expresado su rechazo contundente en un video en la red social X (anteriormente Twitter) el pasado 2 de enero, afirmando: "No aplicaremos la tasa de basuras de Pedro Sánchez ni aumentaremos ningún impuesto. Creemos en una fiscalidad baja que nos permita ofrecer el mejor servicio a nuestros ciudadanos".

Las fuentes del municipio subrayan que el Gobierno local, conformado por el PP y ULEG, está completamente centrado en la elaboración de los Presupuestos, los cuales están actualmente en fase de negociación. Esta cuestión, según argumentan, es prioritaria y no dejan lugar para que se trate el tema de la tasa de basuras en este momento.

Uno de los municipios en el que se ha refrendado un cambio de postura hacia la implementación de la tasa es Torrelodones. Esta semana, las autoridades de la localidad confirmaron a Europa Press que la propuesta será presentada en el próximo Pleno municipal y que, en cumplimiento de la ley, harán efectivo el tributo.

Recientemente, las tensiones políticas entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Torrelodones llevaron a retrasos en la adopción de este nuevo impuesto. La concejal delegada de Hacienda, Concha Pastor, expresó en diciembre su deseo de "apurar los plazos" para llegar a un consenso que permita la aprobación de la tasa antes del plazo estipulado de abril de 2025.

Por otro lado, Alcobendas ha decidido mantener su rechazo hacia esta medida fiscal. La alcaldesa, Rocío García, reafirmó su compromiso de no cobrar la tasa a los vecinos a menos que el Gobierno central lo impusiera. "Si el Gobierno de la nación rectifica y anula la obligatoriedad de este 'basurazo' que promueve Sánchez, Alcobendas no cobrará la tasa", afirmó la regidora, aunque la falta de rectificaciones por parte del Gobierno hace prever que finalmente se aplique.

En otro contexto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, hizo un llamado a los ayuntamientos de la región para que cumplan con la tasa de basuras, a pesar de no estar de acuerdo con ella, lo que se interpretó como una crítica a la postura del alcalde de Leganés. García Martín insistió en la necesidad de acatar las leyes estatales, a pesar de su desacuerdo personal.

Estas declaraciones se dieron a conocer poco después de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, advirtiera a Leganés y a otros municipios “insumisos” sobre la obligatoriedad de implementar el impuesto. "Resulta curioso que haya cierta insubordinación en ayuntamientos del PP, cuando este partido no se opuso a la ley durante su tramitación parlamentaria, sino que se abstuvo, contribuyendo así a su aprobación", comentó en una entrevista en la Cadena Ser.

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, considera que esta ley implica “una carga directa” para los ciudadanos y un “ataque a la autonomía fiscal municipal”, al transferir la responsabilidad de financiar la gestión de residuos únicamente a los ayuntamientos sin proporcionar los recursos suficientes. Sin embargo, también enfatiza que “todos los alcaldes” tienen la obligación de cumplir la ley.

La Ley de Residuos y Economía Circular establece en su artículo 11 que “las entidades locales establecerán una tasa que permita la implementación de sistemas de pago por generación y que refleje el costo real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos”, incluyendo costos de vigilancia y campañas de concienciación. Además, concede un plazo de tres años desde su entrada en vigor para la aplicación del impuesto, culminando el 10 de abril de 2025.