En un nuevo capítulo de su enfrentamiento con el Gobierno central, la Comunidad de Madrid ha decidido presentar un tercer recurso ante el Tribunal Supremo, desafiando la reciente normativa que regula la distribución de menores inmigrantes no acompañados. El ejecutivo regional argumenta que este decreto representa una nueva invasión de sus competencias autonómicas.

Este último recurso se suma a dos anteriores, en los que Madrid y otras diez comunidades autónomas expresaron su desacuerdo con el Real Decreto-ley del 18 de marzo y el Decreto de desarrollo que el Consejo de Ministros aprobó el 22 de julio. Ambas instancias fueron impugnadas por considerarse que violaban los derechos en protección de menores y asistencia social, además de ser criticadas por la falta de urgencia y el uso de un marco normativo inadecuado.

El segundo recurso interpuesto se centró específicamente en la normativa adoptada por el Ejecutivo central, que establece medidas a seguir durante situaciones de migración extraordinaria. Desde la Comunidad de Madrid se cuestiona la efectividad de estas decisiones en la protección de la infancia migrante, particularmente aquella sin compañía familiar.

La noticia de este nuevo recurso no fue una sorpresa, ya que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, había adelantado esta acción en el último Consejo de Gobierno. En sus declaraciones, el consejero criticó la negociación detrás de la distribución de menores, acusando al Gobierno de haber llegado a acuerdos con partidos independentistas, lo que según él, termina favoreciendo a regiones como Cataluña y el País Vasco a expensas del resto de las comunidades.

García Martín también manifestó su preocupación por la potencial desigualdad que este sistema de reparto podría generar entre las autonomías, señalando la falta de garantías en la financiación necesaria para atender adecuadamente a los menores desplazados. "No seremos cómplices de una política migratoria fallida", afirmó el portavoz del Gobierno de Madrid, dejando claro su desacuerdo con las medidas adoptadas.

Además de los desafíos legales, la Comunidad de Madrid ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central proporcione información sobre el proceso que llevó al establecimiento del controvertido reparto de menores no acompañados. Desde la administración regional, se califica este procedimiento como "arbitrario, opaco y discriminatorio", lo que añade una dimensión más a la crítica hacia la gestión de la crisis migratoria.