La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha presentado una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Provincial contra la vicealcaldesa, Inma Sanz, por supuesta revelación de secretos relacionados con un informe de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. Esta acción judicial busca además acabar con lo que consideran "la máquina del fango, de bulos y desinformación en la que se ha instalado el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida".

El Grupo Municipal Socialista presentó una denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción el 16 de mayo, alegando un supuesto proceder arbitrario por parte de los gestores del Ayuntamiento de Madrid en relación con solicitudes de información vinculadas a la vivienda de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Maroto explicó a la prensa que buscaban investigar una posible vulneración del derecho a la información de los concejales al recibir un expediente incompleto sobre la vivienda de Ayuso. La denuncia presentada en la Audiencia Provincial tenía como objetivo dilucidar si la actuación del Consistorio podría conculcar de manera grave el derecho a la información y participación de los concejales, lo que podría vaciar de contenido su función de control y fiscalización de la acción del Gobierno municipal.

Cuatro días después de la presentación de la denuncia, el director de la Oficina Municipal Anticorrupción, Carlos Granados, respondió a la solicitud del Grupo Socialista y les comunicó su decisión. Esta resolución no se hizo pública ni por la Oficina Municipal ni por el Grupo Municipal, según resaltan desde el PSOE.

Durante el Pleno de Cibeles del mes de mayo, el concejal socialista Enrique Rico hizo una pregunta relacionada con la denuncia presentada ante la Oficina contra la Corrupción y el Fraude, solicitando al Gobierno detalles sobre medidas para garantizar el derecho de acceso a la información de todos los concejales.

En respuesta, la vicealcaldesa Inma Sanz cuestionó si la pregunta se realizaba antes o después de que la oficina indicara que no había nada que decir sobre el tema. Posteriormente, hizo referencia al supuesto revés que el departamento de Carlos Granados había dado a los socialistas.

Maroto señaló que Sanz mencionó varias veces el contenido de un informe que, según el reglamento de la Oficina Municipal, es confidencial. Explicó que el informe indicaba que la oficina no tenía competencias en ese caso específico y sugería a los socialistas buscar otras vías, como la contenciosa.

Los socialistas resaltan la necesidad de confidencialidad en las actuaciones de la Oficina, de acuerdo con su reglamento, para proteger a los denunciantes, la confidencialidad de la información y los datos personales. Alegan que las acciones de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción deben mantenerse confidenciales, conforme a la ley de lucha contra la corrupción.

Debido a esto, consideran que las declaraciones de Inma Sanz reflejan un conocimiento detallado de la resolución de la Oficina Municipal, al mencionar repetidamente su contenido. Por tanto, el Grupo Municipal Socialista cree que la vicealcaldesa podría haber cometido un delito de revelación de secretos, según el artículo 198 del Código Penal.

Además, sugieren que si Sanz accedió a la resolución de manera legítima por su cargo, podría incurrir en otro delito según el artículo 417.1 del Código Penal. Los socialistas consideran que revelar información confidencial perjudica el interés público y va en contra de las normas éticas que deben regir en la política.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha acudido a la Fiscalía para defender sus derechos fundamentales como representantes de la ciudadanía y para poner fin a lo que consideran una campaña de desinformación por parte del gobierno de Almeida. Maroto afirmó que es necesario respetar ciertas líneas éticas en la política y que la justicia debe intervenir cuando estas se sobrepasan.

Los socialistas reivindican el juego limpio y las mismas reglas para todos en la política, y se oponen a prácticas que consideran perjudiciales para la sociedad. La transparencia y el respeto a los procedimientos legales son cruciales para el buen funcionamiento de las instituciones públicas, según el grupo socialista.