El pasado 23 de noviembre, Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha expuesto su preocupación sobre el creciente problema de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en la capital, que oscila entre 15.000 y 20.000 unidades. Esta cifra desborda al parque público de vivienda asequible gestionado por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que cuenta con alrededor de 10.000, lo que Nacarino califica como un signo claro de la falta de políticas efectivas en la ciudad.

En una entrevista con Europa Press, Nacarino ha señalado que una regulación adecuada que retire estas viviendas ilegales del mercado turístico podría facilitar un acceso más realista a la vivienda. Argumenta que si se pudiera revertir esta situación y poner muchas de estas viviendas de nuevo en el mercado de alquiler, habría un aumento inmediato de la oferta, lo que naturalmente conduciría a una reducción en los precios.

El fenómeno de las VUT ilegal no solo se ha instaurado en el centro de Madrid, sino que ha comenzado a expandirse hacia barrios periféricos como Puerta del Ángel, Puente de Vallecas y Carabanchel. Esta expansión, según Nacarino, está comenzando a impactar negativamente en el costo de la vivienda y ha desencadenado un deterioro en la convivencia entre vecinos.

Además de los efectos sobre el mercado de alquiler, Nacarino ha alertado sobre las graves implicaciones de seguridad que conlleva la falta de control de estos alojamientos. Describió estas propiedades como "agujeros negros" en los que no hay claridad sobre quiénes son los que entran y salen, lo que representa un riesgo para la comunidad.

El presidente de la FRAVM también subrayó que muchos de estos pisos no cumplen con las normativas legales relacionadas con el registro de huéspedes, dejando a las autoridades sin la información necesaria para actuar en caso de disturbios o actividades delictivas.

Ante esta problemática, Nacarino ha exigido a la administración local y a la Comunidad de Madrid que refuercen las inspecciones urbanísticas, aumenten las sanciones a las violaciones de la ley y aborden la situación desde una perspectiva de seguridad pública.

En un contexto más amplio dedicado a la crisis de vivienda en Madrid, el líder vecinal instó a la región a implementar urgentemente la Ley estatal de Vivienda, así como a declarar zonas con alta presión de alquiler que limiten los incrementos a la tasa de IPC. Esta asignación política, según él, podría ofrecer un "alivio inmediato" a miles de inquilinos que enfrentan la ansiedad de la renovación de sus contratos.

Nacarino criticó la falta de una legislación autonómica sobre vivienda en la Comunidad de Madrid, señalando que este enfoque ha tratado la vivienda como un mero bien comercial, en lugar de considerarla un derecho fundamental. También recordó la herencia de España en la descalificación de vivienda protegida, un problema que ha persistido durante décadas.

El presidente de la FRAVM mencionó que, de no haberse permitido que esas viviendas protegidas accedieran al mercado libre, Madrid podría haber disfrutado de un parque de vivienda comparable al de otros países europeos. Propuso varias medidas prioritarias, como la expansión de la vivienda pública, la promoción de alquiler social, el fomento de la rehabilitación y la colaboración con entidades sociales que operen sin ánimo de lucro, tomando como referencia modelos exitosos en Navarra y el País Vasco.

Por otro lado, Nacarino criticó el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, al que describió como "el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer" desde una administración pública. Denunció que este programa ha fracasado en atender las necesidades de la población, quedando al margen de más del 98% de los solicitantes y resultando en una oferta que difícilmente satisface las expectativas de los ciudadanos.

Según sus palabras, las viviendas propuestas a menudo carecen de calidad constructiva y los contratos incluyen cláusulas abusivas, como la imposición de cargos forzosos por plazas de garaje a quienes no tienen coche. Nacarino explicó que los alquileres, que inicialmente comienzan en 650 euros, pueden ascender hasta 900 euros mensuales una vez se añaden estos costes adicionales, lo que resulta inviable para los jóvenes y las familias de bajos ingresos.

Aunque mostró cierta aprobación hacia el modelo de gestión de la EMVS, que se orienta a una planificación a largo plazo y a la gestión directa, también advirtió sobre el desbordamiento del sistema. La EMVS maneja aproximadamente 10.000 viviendas, mientras que hay más de 50.000 solicitudes pendientes, y el presupuesto municipal solo prevé la construcción de 200 nuevas viviendas en 2026.

Finalmente, Nacarino criticó la estrategia del Ayuntamiento de ofrecer terrenos a promotores privados que prometen alquileres "asequibles", que en la práctica pueden superar los 1.000 euros mensuales. "Asequibilidad es un término muy relativo en este contexto", concluyó, instando a que estas iniciativas deben ser dirigidas por entidades sociales o mecanismos de lucro limitado, en lugar de empresas inmobiliarias de gran envergadura.