La Fiscalía de Madrid ha solicitado tres años de prisión para María Margarita García García, más conocida como Bárbara Rey, por un delito de alzamiento de bienes. Este está relacionado con una serie de operaciones financieras realizadas para provocar "una situación de indefensión económica" que le impedía satisfacer una deuda pendiente con la Agencia Tributaria que ascendía a 143.902,24 euros.

El Ministerio Público también ha solicitado dos años y seis meses de prisión para los hijos y hermana de Bárbara Rey por el mismo delito de alzamiento de bienes. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid el próximo lunes.

Los hechos que se presentan en el escrito de acusación ocurrieron el 10 de mayo de 2011, cuando la AEAT inició una inspección a M. G. G. respecto al Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas de los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2006 y 2008.

El 16 de noviembre de 2012, se emitieron dos actas relacionadas al IRPF, la primera por el año 2006 y la segunda por los años 2007 y 2008, con importes de 135.031,21 euros y 131.568,98 euros, respectivamente. Estas actas se notificaron a la acusada el 12 de febrero de 2013 con un plazo de ingreso voluntario hasta el 20 de marzo del mismo año.

Posteriormente, el 18 de julio de 2013, se dictaron dos acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes por un total de 112.172,09 euros, y que fueron notificados a la acusada el 8 de agosto de 2013.

Con la intención de evitar la responsabilidad de pagar esta deuda, Bárbara Rey "se puso en contacto con varios familiares para actuar en connivencia a fin de llevar cabo la realización de ciertos actos de disposición patrimonial que tenían como objetivo la finalidad de generar la quiebra de las deudas contraídas, haciendo imposible el cobro de los mismos por sus legítimos titulares", según detalla la Fiscalía

En total, se describen trece operaciones en las que estuvieron involucrados los hijos de la acusada, su hermana y otras personas. Estas tuvieron como objetivo crear una situación de indefensión económica por parte de la acusada, "que imposibilitara satisfacer los créditos reclamados por la AEAT, al no haber bienes suficientes a tal fin por la situación de insolvencia creada por los acusados". A fecha del 19 de diciembre de 2017, existía un saldo de deuda pendiente de ingreso de 143.902,24 euros.