La Audiencia Provincial de Madrid se enfrenta a un caso que involucra a la exalcaldesa de Villa del Prado, quien es acusada de un delito continuado de prevaricación administrativa. Esta imputación se basa en supuestas irregularidades en la forma en que se contrató a dos empresas para servicios de electricidad y fontanería en el municipio.

Según el informe del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita una inhabilitación de 13 años, tanto para ocupar cualquier cargo público como para ejercer el derecho a postularse a esos puestos, lo que pone de relieve la gravedad de la situación legal de la funcionaria.

La alcaldesa, quien estuvo al frente del Ayuntamiento de Villa del Prado entre 2007 y mayo de 2019, había ejercido previamente como concejala en el mismo organismo. Se la acusa de haber optado por contratar verbalmente a las empresas Cochele Electricidad S.L. e Instalaciones Barbero S.L., condiciones que vulneran las reglas establecidas para la contratación pública, ya que estas decisiones fueron tomadas sin seguir los procedimientos administrativos adecuados.

A pesar de haber sido advertida en múltiples ocasiones por la Secretaria del Ayuntamiento y la Interventora sobre la ilegalidad de estas contrataciones, continuó permitiendo que las empresas realizaran labores de mantenimiento y servicios rutinarios sin la cobertura legal debida. Esto se tradujo en que ambas compañías emitieran facturas al Consistorio sin ningún tipo de respaldo contractual, lo cual contradice las normativas vigentes.

El desglose de las facturas revela montos significativos otorgados a Instalaciones Barbero S.L., con 80.741 euros en 2014, 92.672 euros en 2015, 42.336,94 euros en 2016 y 63.181,53 euros en 2017. En cuanto a Cochele Electricidad S.L., sus facturas alcanzaron los 101.903 euros en 2014, 82.998 euros en 2015, 100.401,52 euros en 2016 y 69.163,61 euros en 2017.

A pesar de las denuncias presentadas por la oposición desde 2015 en las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, no fue hasta 2019 que finalmente se llevó a cabo un proceso de licitación público para estos servicios. Esto culminó en que Instalaciones Barbero S.L. fue seleccionada como adjudicataria del servicio de fontanería. La situación pone en cuestión la gestión y transparencia en la administración pública local.