El 22 de junio, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llevó a cabo un encuentro con el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y rectores de instituciones públicas de educación superior durante su visita institucional a Miami, Estados Unidos. El propósito principal de esta reunión fue escuchar las aportaciones de los académicos para integrar sus sugerencias en la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias (LESUC).

La LESUC se propone unificar en un solo marco legal todas las modalidades de educación superior en España, abarcando universidades, investigación científica, Formación Profesional superior, enseñanzas artísticas y deportivas, así como escuelas de negocios. El objetivo de esta legislación es crear conexiones más sólidas entre la educación y el mercado laboral, al tiempo que se promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el reciclaje profesional, tal como comunica el Gobierno regional en un reciente comunicado.

El viaje a Miami tiene, además, una visión estratégica: atraer inversiones y consolidar a Madrid como un referente global en la enseñanza del español. Esta búsqueda de inversión también se enmarca en las ambiciones de la presidenta por posicionar a la comunidad en un lugar destacado en el ámbito educativo internacional.

Desde hace casi un año, la Administración regional trabaja en el desarrollo de esta nueva normativa para el sector universitario. Hasta ahora, se han revelado algunas de las medidas propuestas a través de diferentes borradores, aunque gran parte de las discusiones se han llevado a cabo en la interacción con los rectores.

Uno de los grandes desafíos que deberá abordar esta ley es el tema de la financiación para las universidades públicas, las cuales han expresado su preocupación por una "asfixia económica" que ha afectado gravemente a sus recursos. En los borradores se sugiere un modelo de financiación tripartito: una parte básica destinada a personal y mejoras infraestructurales, otra dirigida a necesidades específicas y una tercera vinculada a objetivos.

En lo que se refiere a los objetivos, se menciona que las universidades deberán contar con al menos un 30% de sus gastos cubiertos mediante “fuentes distintas” a las transferencias de la Comunidad de Madrid. Este enfoque busca incentivar la creación de “fondos de inversión u otras herramientas financieras” que faciliten la obtención de recursos para el desarrollo de sus actividades.

Sin embargo, esta nueva ley ha encontrado una fuerte oposición por parte de sindicatos y la comunidad universitaria. A través de diversas manifestaciones —la más reciente el 22 de mayo—, han denunciado que la legislación atenta contra la autonomía universitaria, fomenta un modelo de educación privada y perpetúa la infrafinanciación de las instituciones públicas de educación superior.