El escenario judicial se complica para algunos miembros del círculo cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras se desarrolla una investigación por presunta malversación. Begoña Gómez, esposa del mandatario, no se presentó ante el juez Juan Carlos Peinado, quien estaba destinado a informarle sobre su situación legal en relación con la posible malversación vinculada a la designación de su asesora.

En esta ocasión, el juez convocó a las partes involucradas, tanto defensas como acusaciones, para este sábado a las 18:00 horas. Este procedimiento está dentro del marco de una investigación que indaga si hubo un desvío de fondos públicos en el nombramiento de la asesora de Gómez y su posible involucramiento en funciones privadas para ella, lo que ha generado un gran interés mediático.

La incertidumbre de si Begoña Gómez acudiría al tribunal se mantuvo hasta el último momento. Finalmente, decidió ser representada por su abogado, Antonio Camacho, ex ministro del PSOE, en lugar de comparecer personalmente ante el juez, lo que ha suscitado numerosas especulaciones sobre su decisión.

Junto a Gómez, también son objeto de esta investigación Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, y Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid. Ambos han optado por el mismo camino, eligiendo que sus letrados los representen en lugar de asistir en persona a la cita judicial programada para el mismo día.

LA DEFENSA Y SU ARGUMENTO LEGAL

Las defensas de los investigados han sustentado su ausencia en una circular emitida por la Fiscalía en diciembre de 1995, la cual establece que la presencia de los investigados no es estrictamente necesaria en este tipo de trámites. Según esta interpretación, bastaría con la asistencia de sus abogados, ya que en estas comparecencias no se llevan a cabo diligencias de instrucción ni se requieren declaraciones de los imputados.

Dicha circular especifica que durante la vista, el juez escucha a la Fiscalía y a las acusaciones, que en este caso incluye a Hazte Oír, con el objetivo de concretar la imputación. Después, las defensas tienen la oportunidad de solicitar el archivo del caso o proponer diligencias de investigación que consideren pertinentes.

Esta vista se produce seis meses después de que Peinado iniciara la pesquisa sobre la contratación de Álvarez. En mayo, el juez decidió ampliar la investigación a Martín Aguirre por su supuesta malversación, aunque en ese momento descartó imputar a Gómez y Álvarez. Sin embargo, el 18 de agosto se modificó la situación y finalmente se les incluyó en el proceso judicial.