En medio del debate sobre la política habitacional en Madrid, el PSOE ha señalado que el PP está replicando un mecanismo de la Ley de Vivienda a través del polémico Plan Reside. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tomó la palabra en el Pleno de Cibeles para desmentir la existencia de un tope de precios en la ciudad, y en su discurso se refirió a lo que él denomina la "concepción soviética de la vivienda" que, a su juicio, impera en el enfoque del PSOE. Carabante no se contuvo al calificar de "mentira" la política en este ámbito liderada por los socialistas, insinuando que su experiencia en vivienda está reservada para unos pocos privilegiados.

La controversia surgió a raíz de las declaraciones del concejal socialista Antonio Giraldo, quien argumentó que el Plan Reside del PP "copia un mecanismo de la Ley de Vivienda". Este nuevo plan aborda aspectos clave como la regulación del alquiler turístico y la promoción de propiedades para uso habitual, lo que ha generado un intenso intercambio de opiniones entre las fuerzas políticas.

Giraldo explicó que el Plan Reside propone un mecanismo interesante: los propietarios de edificios catalogados que deseen alquilar viviendas tendrán que acatar un tope de precios establecido, que se ajusta al 30% de la renta media de las familias del barrio donde se ubique el inmueble. Esta normativa busca que en el centro histórico de Madrid se priorice un alquiler justo y accesible para todos.

Además, añadió que este mecanismo emula un concepto introducido por la Ley de Vivienda Estatal, que promueve la "vivienda libre asequible", un término ausente en el actual Plan General de Ordenación Urbana. Giraldo enfatizó la importancia de contar con condicionantes que aseguren que los precios no sean prohibitivos, algo que la Ley de Vivienda logra mediante la identificación de zonas tensionadas y la implementación de deducciones fiscales que alcanzan hasta el 90% en el IRPF. Sin embargo, advirtió que el enfoque del PP carece de deducciones fiscales y se basa en cambiar el aprovechamiento del uso dotacional, lo cual representa una menor rentabilidad en comparación con el alquiler residencial.

El concejal socialista fue más allá y expresó sus dudas sobre la solidez jurídica del Plan Reside, sugiriendo que esto podría allanar el camino para que las medidas de contención de precios sean parte del planeamiento municipal, eludiendo así la supervisión de la Comunidad Autónoma. Este argumento pone de relieve la tendencia actual de los gobiernos locales de asumir un rol más proactivo en la regulación del mercado de la vivienda.

En respuesta, Carabante tachó de "mentira y manipulación" las acusaciones de Giraldo, equiparando su enfoque con el de Reyes Maroto, al considerar que ha confundido los términos del debate. Destacó que la "vivienda asequible" y la "vivienda protegida" no son sinónimos de topar precios, señalando que dicha práctica ha estado presente en España durante décadas sin generar una solución real para los problemas habitacionales.

Carabante también expresó su rechazo hacia la idea de limitar el alquiler de propiedades de pequeños ahorradores que poseen una segunda vivienda, describiendo esta práctica como un ataque a la propiedad privada ampliamente inspirado por el modelo soviético. Además, el delegado del PP criticó la gestión passiva del PSOE, recordando promesas incumplidas sobre la construcción de nuevas viviendas y la venta de suelo público, lo que, según él, contradice los compromisos adquiridos anteriormente de resistir la especulación y la intervención de fondos buitres en el mercado inmobiliario.

El mensaje del delegado fue claro: la estrategia del PSOE en materia de vivienda se basa en la "mentira". Reiteró que mientras los socialistas hacen promesas sobre vivienda, en realidad han permitido la venta de terrenos estratégicos en el centro de Madrid, poniendo en riesgo el futuro del acceso a la vivienda para los ciudadanos. Así concluyó su intervención, instando al PSOE a cesar en sus críticas y permitir que su administración continúe avanzando en lo que considera políticas exitosas que beneficien a la ciudadanía madrileña.