24h Madrid.

24h Madrid.

Cibeles defiende a Toscano al considerar sus comentarios sobre el LGTB como ejercicio de libertad de expresión.

Cibeles defiende a Toscano al considerar sus comentarios sobre el LGTB como ejercicio de libertad de expresión.

En el último Pleno del Ayuntamiento de Madrid, se dio un paso significativo hacia la defensa de la diversidad y la igualdad. Mientras que el Partido Popular (PP) se abstuvo en la reprobación de la edil de Vox, Carla Toscano, sí se mostró a favor de instar a la corporación municipal a promover el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación, un gesto de apoyo hacia el colectivo LGTBI que resuena con fuerza en un momento donde el discurso de odio intenta hacerse un hueco en la sociedad.

Durante la sesión, el concejal Antonio Giraldo del PSOE presentó una moción compuesta por tres puntos, de los cuales el único que recibió el respaldo del PP fue el que abogaba por la defensa de los derechos LGTBI. Las controvertidas declaraciones de Toscano, donde vinculó la educación LGTBI con la pederastia, fueron el detonante de la iniciativa socialista.

Giraldo advirtió sobre la gravedad de las afirmaciones de Toscano, enfatizando que sus palabras podrían ser escuchadas por jóvenes del colectivo LGTBI que ya enfrentan acoso y discriminación. Describió sus dichos como “nauseabundos” y “miserables”, subrayando que tales declaraciones alimentan el odio y la violencia que enfrentan muchas personas LGTBI en su vida diaria, haciendo alusión al reciente caso de Samuel Luiz como un trágico recordatorio de las consecuencias de la intolerancia.

El concejal, que insistió en que se debía defender a aquellos que no pueden alzar su voz, criticó además la falta de acción del presidente del Pleno, Borja Fanjul, en el momento en que se hicieron los comentarios perjudiciales. “Esto no es solo un ataque a unas personas, es un ataque a toda una comunidad”, afirmó Giraldo, llamando a la unidad en la protección de los derechos humanos.

En respuesta, el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, alegó que el Gobierno local se mantiene firme en su compromiso con los derechos humanos, pero le reprochó al PSOE que su propuesta llegaba demasiado tarde. Insistió en que su Gobierno fue el primero en condenar las declaraciones de Toscano, marcando una clara diferencia entre la libertad de expresión y el discurso de odio, algo que, según él, no se debería permitir.

A pesar de la propuesta del PP para suavizar la reprobación de Toscano a una simple reprobación de sus palabras, el PSOE se opuso. Fernández acusó a la oposición de estar más interesada en generar conflictos que en construir un diálogo constructivo. También subrayó que hay una clara distinción entre los discursos violentos y aquellos que se expresan dentro del marco de la libertad de expresión.

Desde Más Madrid, el portavoz adjunto Eduardo Rubiño argumentó que reprobaciones simples no son suficientes, sugiriendo que los comentarios de Toscano forman parte de un patrón más amplio de intolerancia que intenta normalizar la crueldad como estrategia política. Su comparación con figuras internacionales como Donald Trump y Javier Milei puso de relieve la peligrosidad de tal discurso.

Defendiendo su postura, Toscano se presentó como víctima de una caza de brujas política, desestimando cualquier autoridad que las críticas pudieran tener sobre su discurso. También acusó a otros grupos políticos de transformar España en una “dictadura moral”, argumentando que su defensa de lo que considera la verdad y la justicia justifica su oposición a lo que llama ideologías perjudiciales.

En el debate, las tensiones se incrementaron cuando se discutió la libertad de expresión. Mientras que el PP enfatizó que ya se garantiza esta libertad bajo el Reglamento Orgánico del Pleno, por su parte, los socialistas reafirmaron que dicha libertad no puede utilizarse para violar derechos fundamentales ni para proferir discursos de odio.

Finalmente, los miembros de la oposición coincidieron en que las acciones de Vox y Toscano cruzan fronteras éticas y democráticas. Se subrayó que un discurso que promueve el odio no solo afecta a las minorías, sino que erosiona los valores democráticos fundamentales. El consenso en el Pleno se inclinó hacia la necesidad de proteger y defender los derechos de todos los ciudadanos frente a la intolerancia.