El pasado lunes en Madrid, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, expresó su preocupación por la situación de los menores migrantes y exigió al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que deje de desviar la responsabilidad hacia otras administraciones y se ocupe de los 37 expedientes de agrupación familiar que la Comunidad de Madrid ha presentado.

Rodrigo, durante su intervención tras la entrega de 130 viviendas del Plan Vive en Móstoles, criticó al delegado por intentar culpar al Gobierno regional y a otros organismos, instándole a asumir su responsabilidad dada la asignación de recursos destinados a su cargo.

El consejero también hizo hincapié en la urgente necesidad de que se procesen los mencionados expedientes de reagrupación familiar para cumplir con la normativa vigente. "El Gobierno regional está cumpliendo con su deber, mientras que la Delegación del Gobierno parece estar ausente de sus funciones", subrayó Rodrigo.

Por su parte, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, arremetió contra la gestión del Gobierno regional en relación a los centros de acogida de menores migrantes. Durante una reciente comparecencia sobre la criminalidad en la región, solicitó una mayor supervisión y medidas de control para estos centros, destacando incidentes ya conocidos en el pasado.

En una declaración contundente, el delegado también condenó un presunto acto de violación perpetrado por un menor que reside en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, haciendo un llamado a investigar cómo el sospechoso logró salir de las instalaciones durante la noche.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se aclaró que el menor había escapado saltando la tapia del centro cuando ya se habían cerrado las puertas. Aseguraron que los centros de acogida no operan bajo un régimen cerrado, aunque cuentan con vigilancia continua.

UN ENFOQUE CRÍTICO A LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

Rodrigo no dudó en calificar de "nefasta" la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, criticando la falta de un enfoque integral y el sistema de distribución de menores que margina a regiones como Cataluña y el País Vasco.

Su crítica se centró en que el actual reparto de menores no acompañados parece diseñarse para favorecer políticamente al Gobierno de Sánchez, sugiriendo que esto le permite mantener el apoyo de grupos nacionalistas e independentistas. “No somos ingenuos. Este sistema beneficia al Gobierno a costa de la población madrileña”, afirmó Rodrigo.

También denunció la falta de transparencia en el proceso de reagrupación de menores, señalando que los ciudadanos no reciben información clara sobre cómo y cuándo se llevarán a cabo estas acciones. “Parece que el Gobierno se siente avergonzado de sus propias políticas, lo que explica su secretismo”, concluyó el consejero.