En una operación histórica llevada a cabo en Madrid, la Policía Nacional ha desmantelado tres complejas redes criminales involucradas en la explotación sexual, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. Las autoridades han arrestado a un total de 37 individuos como parte de esta investigación.

Las indagaciones revelaron un oscuro panorama, donde las víctimas eran sometidas a jornadas laborales inhumanas de 24 horas diarias, con escasas oportunidades de descanso. Aquellos que no cumplían con estas exigencias eran castigados severamente. Además, se utilizaban empresas fantasma para ocultar el dinero derivado de estas actividades ilegales.

Durante la operación, se realizaron seis registros en diversas propiedades, donde se encontraron más de 50,000 euros en efectivo, sustancias ilegales, equipos informáticos y hasta armas eléctricas. Este despliegue refleja la seriedad del fenómeno delictivo y la complejidad del entramado criminal que operaba en la capital española.

La investigación dio inicio en agosto de 2024, después de que las autoridades tomaran conocimiento de operativos de prostitución forzada en domicilios del distrito de Barajas. Las mujeres eran forzadas a trabajar ininterrumpidamente, con apenas un descanso de dos horas, por lo que sus condiciones laborales eran, efectivamente, de explotación total.

Las normas impuestas a estas mujeres eran draconianas. Aunque se les prometía un 50% de las ganancias, las condiciones estipulaban que debían trabajar 21 días consecutivos para poder recibir algún pago. Aún más alarmante era el hecho de que, para obtener su documentación, eran obligadas a firmar contratos de alquiler de habitaciones, dándoles la ilusión de un control inexistente sobre sus vidas.

Además de ser obligadas a prestar servicios sexuales bajo coacción, las víctimas eran forzadas a suministrar drogas a los clientes. Durante los servicios a domicilio, tenían que transportar sustancias ilegales y otros artículos en un 'kit de servicio', que incluía desde cocaína hasta preservativos, convirtiéndose en meras herramientas de un sistema apremiante.

El daño infligido a estas mujeres iba aún más allá. Se les obligaba a consumir drogas, mientras que el jefe de la organización se beneficiaba enormemente, acumulando más de tres millones de euros en ganancias durante 2024.

Los criminales en cuestión ocultaban sus operaciones mediante una red de seis empresas ficticias, sin verdaderas actividades económicas, diseñadas únicamente para lavar el dinero obtenido del narcotráfico y la explotación sexual. Sorprendentemente, los familiares del jefe estaban involucrados, creando un escenario de complicidad en la criminalidad.

Las autoridades también bloquearon más de 50 cuentas bancarias vinculadas a estas entidades fantasmas, las cuales operaban en distritos como San Blas, Tetuán y Carabanchel. Las investigaciones paralelas, que comenzaron en septiembre y octubre de 2024, también desvelaron otra serie de viviendas donde se continuaba la explotación de mujeres vulnerables.

Los perpetradores se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las mujeres, imponiéndoles condiciones abusivas que ponían en riesgo su salud. Las víctimas estaban obligadas a trabajar durante semanas sin parar, incluso a ejercer sus actividades durante su menstruación, empleando métodos extremos para ocultar su situación.

Si no cumplían con lo exigido, las sanciones eran brutales, llegando a incluir multas de 300 euros o la prohibición de salir de sus hogares. En el transcurso de una semana, se llevaron a cabo seis registros en diversos domicilios asociados a las organizaciones criminales, donde se confiscó material informático, datáfonos, documentación financiera, y más de 50,000 euros en efectivo.

En un registro, las autoridades hallaron drogas escondidas en frascos de arroz, evidenciando la astucia de estos grupos delictivos para evitar ser detectados. Esta operación resultó en la liberación de 14 víctimas de explotación sexual y la detención de 37 sospechosos, que enfrentan graves cargos relacionados con los crímenes antes mencionados.

La Policía Nacional ha enfatizado la importancia de romper el silencio ante tales violaciones de derechos humanos, instando a aquellos que conozcan o padezcan situaciones de explotación a que lo denuncien a través de canales como el teléfono 900 10 50 90 o el correo [email protected]. La lucha contra estas formas de abuso requiere una respuesta colectiva y decidida de todos los ciudadanos.