**Madrid, 23 de septiembre.** En una importante operación, la Policía Nacional ha logrado rescatar a cinco mujeres que eran víctimas de explotación sexual a manos de una organización criminal internacional. Este grupo, que se dedicaba a la trata de personas con fines de prostitución y otros delitos relacionados con la salud pública, fue desmantelado en las comunidades de Toledo y Madrid.

La intervención policial resultó en la detención de ocho individuos, siete de los cuales fueron arrestados en Toledo y uno en Madrid. Entre los capturados se encuentran los tres líderes de la organización, quienes ahora se encuentran en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Según las investigaciones, las mujeres eran engañadas y obligadas a asumir deudas de hasta 6.000 euros, que debían pagar en un plazo de tres meses mediante prostitución en clubes de alterne, donde vivían en condiciones de intimidación y bajo constantes amenazas.

La indagación tomó inicio en octubre de 2023, cuando se recibió una denuncia en Melilla de una mujer que afirmó haber sido víctima de trata con fines de explotación sexual. Esto llevó a las autoridades a rastrear a una red criminal que operaba dentro del país, compuesta por individuos de origen latinoamericano y español, dedicándose a la explotación de mujeres sudamericanas, especialmente de Colombia y Venezuela.

Esta red atraía a mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica, prometiéndoles oportunidades laborales en España. Se encargaban de gestionar todo lo necesario para su viaje, aunque la trampa consistía en que dejaban a las víctimas en la creencia de que asumían una deuda significativa por esos servicios.

Ya en España, las víctimas eran trasladadas a apartamentos controlados por la organización, donde se les confiscaba la documentación personal y se les obligaba a trabajar en la prostitución para pagar su deuda. En estos lugares, había "madres de piso" que supervisaban a las mujeres, dictaban horarios, fijaban tarifas y gestionaban el pago de los clientes, con la obligación de que las víctimas entregaran la mitad de sus ingresos.

En cada uno de estos domicilios, la vigilancia era extrema: cámaras de seguridad grababan cada movimiento de las mujeres, manteniéndolas bajo constante supervisión. En algunas circunstancias, cuando las víctimas intentaban escapar durante los traslados entre lugares de explotación, recibían amenazas tanto desde España como desde sus países de origen, instándolas a regresar y abonar las deudas contraídas.

Por si fuera poco, las actividades delictivas de la organización no se limitaban a la explotación sexual. En los mismos pisos, también se ofrecían sustancias como cocaína a los clientes, lo que resultaba en grandes ganancias que se distribuían entre los miembros de la red.

En la fase culminante de la operación, las autoridades llevaron a cabo cuatro registros en Toledo y Madrid, donde se obtuvieron pruebas significativas de las actividades ilegales, incluyendo más de 7.000 euros en efectivo. Además, fueron confiscados 2 kilogramos de cocaína, tanto en forma pura como en dosis preparadas para su venta, así como un laboratorio con materiales para la producción y distribución de la droga.

La operación también permitió la incautación de numerosos documentos y material informático que son cruciales para el avance de la investigación, junto con seis teléfonos móviles pertenecientes a los principales sospechosos de esta red criminal.