En un importante desarrollo en la lucha por la justicia social y medioambiental en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido aceptar el recurso presentado por Ecologistas en Acción y la asociación vecinal SOS Ermita del Santo. Esta acción legal busca impugnar la reciente modificación del Plan General que da paso a la creación del Área de Planeamiento Específico 10.24 en el Paseo de la Ermita del Santo.

Según un auto judicial que ha sido difundido, la jueza ha ordenado a la Comunidad de Madrid que presente el expediente administrativo en un plazo de 20 días, comenzando desde la notificación oficial de la decisión. Este paso es crucial para evaluar el impacto del plan sobre la comunidad y el medio ambiente.

La controversia se intensificó en febrero, cuando el Consejo de Gobierno regional aprobó el controversial proyecto que contempla la construcción de 529 nuevas viviendas, junto a la creación de más espacios verdes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha comprometido a que esta transformación, destinada a revitalizar una zona que considera "degradada", se lleve a cabo lo más pronto posible, argumentando que traerá beneficios en términos de dotaciones y espacios públicos.

No obstante, la respuesta de Ecologistas en Acción y SOS Ermita del Santo no se ha hecho esperar. Ambas organizaciones han denunciado el proyecto como una iniciativa que prioriza los intereses de desarrolladores privados, desatendiendo las reales necesidades de la comunidad local. Resaltan la falta de consulta previa y participación ciudadana, acusando al plan de ser un "pelotazo" inmobiliario que llega sin el respaldo popular necesario.

Las organizaciones han enfatizado la necesidad de que el barrio reciba inversiones en infraestructura social fundamental, como escuelas, centros de salud y espacios de recreación, en lugar de un enfoque únicamente en nuevas construcciones y el desarrollo de viviendas de alto precio. En un esfuerzo por demostrar la oposición local, SOS Ermita del Santo ha logrado reunir más de 5.000 firmas en contra del proyecto.

Los críticos advierten que la implementación de este plan podría generar efectos negativos significativos en la comunidad, incluyendo el aumento en la saturación del transporte, la disminución de zonas verdes y un incremento en la contaminación atmosférica. Además, alertan de que las nuevas viviendas automáticamente elevarán los precios del mercado inmobiliario, exacerbando la crisis de acceso a la vivienda que ya afecta a muchos residentes, y propiciando una mayor especulación con los alquileres turísticos.