El exalcalde de Moralzarzal desmiente acusaciones de prevaricación del PP, considerándolas una "falsedad".
En una conmovedora sala de juicios en Madrid, el exalcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, junto con una exconcejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, se han presentado este miércoles ante el tribunal para defender su gestión en la contratación pública. Ellos aseguran que las acciones tomadas durante su mandato estuvieron dentro del marco legal y que las acusaciones en su contra son el resultado de "una invención" por parte del Partido Popular.
Ambos miembros de la organización Vecinos por Moralzarzal Participa! (VMP!) enfrentan graves cargos de prevaricación administrativa por el supuesto uso indebido de contratos menores entre 2016 y 2017. Su defensa ha pedido la absolución total, argumentando la legalidad de sus acciones.
El Ministerio Público ha pedido que se imponga a cada uno una inhabilitación de ocho años para ocupar cargos públicos, una medida que podría afectar profundamente sus futuros profesionales. Sin embargo, el exalcalde ha insistido en que los métodos de contratación utilizados en su gestión son los mismos que el anterior gobierno del PP aplicó, remarcando que esos procedimientos luego se adaptaron a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Rodríguez Osuna también ha expresado su descontento por ser señalados por contratos emitidos antes de la entrada en vigor de la nueva legislación. Resaltó que su administración trató de seguir de manera rigurosa las directrices del interventor municipal, incorporando ajustes a los procedimientos para garantizar su conformidad con las normativas vigentes, algo que, según él, no ocurrió en gestiones anteriores.
Los acusados han mostrado su confianza en que este proceso judicial clarificará las circunstancias de su actuación y demostrará que nunca hubo intención de infringir la ley ni de dividir contratos de forma irregular. Durante la fase de testimonios, el interventor municipal respaldó a los acusados, explicando que, tras la modificación legal, las facturas y contratos debían ser respaldados por expedientes y que los imputados adaptaron sus prácticas conforme a esta nueva exigencia.
El interventor aclaró que la nueva legislación aportó cambios importantes y que, en su interpretación, no existía una definición clara de lo que constituía un fraccionamiento de un contrato. Indicó que algunos contratos utilizados por la Fiscalía eran normales dentro de las prácticas del consistorio.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal sostiene que los funcionarios municipales abusaron de los contratos menores, utilizándolos en más del 50% de las contrataciones del Ayuntamiento para eludir los procesos de licitación pública estipulados por la ley. Esta táctica, señala el fiscal, facilitó favorecer a ciertas empresas en detrimento de otras, deteriorando principios fundamentales de igualdad y transparencia gubernamental.
Durante el periodo bajo investigación, el alcalde habría aprobado varios contratos a pesar de las advertencias constantes de su vicesecretario interventor sobre las irregularidades de las contrataciones, levantando los reparos planteados por el interventor municipal en cada ocasión.
Entre los contratos cuestionados se encuentran obras de mantenimiento de edificios públicos y servicios de jardinería, cuyos montos superaron ampliamente los 45,000 euros en facturación durante 2016. También se menciona el suministro de materiales para la piscina municipal, que alcanzó los 22,700 euros en un solo año.
El fiscal denuncia, además, la existencia de una prórroga tácita prohibida en un contrato de mantenimiento de áreas verdes, así como irregularidades en campañas publicitarias involuntarias, alquiler de equipos de sonido y otros servicios que, por su naturaleza, debieron seguir procesos abiertos de contratación.
En conclusión, el Ministerio Público ha identificado a Juan Carlos Rodríguez Osuna como el autor material del delito, mientras que su exconcejal ha sido señalada como cooperadora necesaria en la gestión de estos contratos cuestionados, lo que añade un nivel de complejidad a este caso que trasciende lo judicial y toca las fibras de la política local.
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