El 21 de octubre en Madrid, el Gobierno español ha dado un paso significativo al oficializar la inclusión de nuevas áreas en la lista de emergencias de protección civil, un avance que se ha concretado este martes. Entre las localidades destacadas, se encuentra Aranjuez, que sufrió las consecuencias devastadoras de un incendio forestal a principios de agosto.

Esta decisión responde a las reiteradas peticiones de la Comunidad de Madrid, que desde hace tiempo venía solicitando la atención del Gobierno central en relación a la situación crítica de Aranjuez. La última petición formal fue realizada hace solo una semana por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien instó al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a tomar cartas en el asunto.

El incendio que afectó a Aranjuez resultó en la destrucción de casi 400 hectáreas de vegetación y obligó a evacuar de manera preventiva alrededor de 70 viviendas en dos urbanizaciones cercanas, reflejando la gravedad de la situación que se enfrentó en la localidad.

Con esta ampliación, el Gobierno ha añadido 279 municipios al listado original de áreas afectadas, incluyendo aquellos que habían sido pasados por alto debido a la falta de comunicación de emergencias por parte de las agencias autonómicas del 112, tal como ha señalado el Ministerio del Interior en un comunicado oficial.

En la Comunidad de Madrid, se han declarado también como zonas afectadas otros lugares que experimentaron incendios forestales, tales como en Villa del Prado a finales de junio, en Navalcarnero a mediados de julio, y en Colmenar Viejo durante julio y agosto, entre otros. El listado incluye además el incendio en Zarzalejo, así como los de Valdemaqueda y Tres Cantos en agosto, consolidando el reconocimiento de las graves pérdidas sufridas en la región.

Es importante destacar que la denominación de estas emergencias corresponde a los municipios donde comenzó cada incendio, aunque otras localidades afectadas también podrán presentar solicitudes para acceder a las ayudas estipuladas por la ley, garantizando así el apoyo a todas las comunidades impactadas, según lo enfatizado por el ministerio encargado.