Este jueves, el juez Juan Carlos Peinado tomó la decisión de cerrar el ‘caso Begoña Gómez’ que afectaba al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. La Audiencia Provincial de Madrid había instado a Peinado a retirar la condición de investigado, argumentando que la imputación carecía de fundamentos sólidos y se basaba en “meras suposiciones”.

En un escrito al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acordó el archivo del caso en relación a Aguirre, quien inicialmente estaba siendo investigado por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

El juez afirmó en su auto que, tras revisar la decisión de la Audiencia Provincial, había pruebas suficientes para determinar que Martín Aguirre no había estado involucrado en ninguna actividad delictiva relacionada con la malversación de caudales públicos.

Recordemos que en mayo pasado, el juez Peinado había aceptado la querella presentada por Vox, lo que llevó a citar a Martín Aguirre como investigado por supuestamente estar implicado en la contratación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en julio de 2021.

A inicios de diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, revocando parcialmente la decisión original que había conducido a la imputación de Aguirre ante la inexistencia de suficientes elementos de culpabilidad.

Los magistrados apuntaron que no existía evidencia de que Aguirre tuviera conocimiento de que Álvarez estaba excediendo sus deberes bajo la dirección de Begoña Gómez, considerándolo como un entramado de conjeturas sin indicios claros de responsabilidad.

La decisión de la Audiencia resaltó que, mientras la investigación debía evaluar si las labores de Álvarez realmente habían sobrepasado sus funciones, no había fundamento para ampliar la causa contra Aguirre, quien se asumía tenía un rol fiscalizador sobre Álvarez, sin que esto tuviera un respaldo en los hechos.

Además, los jueces manifestaron que la responsabilidad recae en quienes utilizan su cargo público en beneficio personal o quienes sobrepasan sus funciones al colaborar en actividades ajenas a su labor oficial.

IGUALMENTE, los magistrados señalaron que la legalidad del nombramiento de Álvarez como asistente de la esposa del presidente es indiscutible, un punto exento de controversia en esta situación.

La resolución por parte de la Audiencia se produjo apenas días después de que el juez Peinado consultara a las partes sobre la posibilidad de archivar el caso, ya que la Fiscalía había considerado “incomprensible” mantener la investigación tras absolver a la secretaria general de Presidencia, Judith González, quien había sucedido a Aguirre.

El asunto en cuestión abarca presuntos delitos que van desde tráfico de influencias y corrupción en el ámbito privado, hasta malversación de caudales públicos. Mientras tanto, Begoña Gómez sigue siendo la única investigada señalada con múltiples delitos, mientras que a Aguirre se le atribuía exclusivamente el de malversación en relación a su función en la contratación de Álvarez.