El Tribunal Supremo ha decidido no otorgar la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid, que pedía la suspensión de doce procesos administrativos relacionados con el traslado de menores extranjeros no acompañados desde Ceuta y Canarias a la región madrileña.

En un pronunciamiento recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo detalló que estos procesos administrativos fueron realizados por las oficinas de extranjería de la Delegación del Gobierno en Ceuta y las Subdelegaciones en las islas, lo que subraya la competencia estatal en la gestión de estas situaciones complejas.

Los magistrados indicaron que el enfoque utilizado por la Comunidad de Madrid para impugnar la acción del Gobierno central se basa en un planteamiento equivocado, puesto que requiere una norma específica sobre el número de jóvenes que deben ser trasladados a cada comunidad autónoma receptora.

El alto tribunal destacó que la solicitud de suspensión que plantea la Comunidad choca con el hecho de que la vía utilizada es inaplicable en el contexto de actos que están formalmente diseñados para dar inicio a un proceso administrativo, y no reflejan ninguna actuación fáctica que pueda ser cuestionada judicialmente.

Además, las consecuencias de paralizar el traslado de estos menores serían desastrosas, ya que, según un auto emitido en marzo de 2025 en otro caso, las condiciones en que se encuentran los menores en Canarias son inaceptables, con niveles de hacinamiento evidentes que van en contra de los derechos y el bienestar de los menores, protegidos por ley.

La Corte argumentó que, de proceder a la suspensión de las medidas estatales diseñadas para mitigar esta crisis, se estaría no solo contradiciendo resoluciones previas, sino también perpetuando unas condiciones que ya han sido calificadas como gravemente perjudiciales para estos jóvenes migrantes.

Se recordaron las implicaciones significativas que este aumento excepcional de menores ha tenido en las administraciones autonómicas, que no solo han tenido que atender a un número sin precedentes de llegadas, sino que además han visto sobrepasadas las capacidades de sus sistemas de protección.

La declaración de una situación de contingencia migratoria extraordinaria en Ceuta y Canarias ha llevado a que la cantidad de menores en estas regiones supere hasta tres veces la capacidad habitual de los sistemas de tutela, lo que ha generado una presión adicional sobre los recursos disponibles.

Los magistrados concluyeron que no se presentan las condiciones adecuadas para suspender la ejecución de los procedimientos administrativos en cuestión, lo que pone de manifiesto la gravedad y urgencia de la situación que deben enfrentar estos menores migrantes en su trayecto hacia una vida más segura.