MADRID, 20 Oct. - La empresa Aralia, responsable de la residencia concertada de Peñuelas en el distrito madrileño de Arganzuela, ha sido sancionada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales por falta de personal de enfermería. Esta penalidad de 45.561 euros es la tercera que se impone a la empresa en lo que va de año.

Según la información proporcionada por la "Cadena Ser" y confirmada por fuentes de la Consejería, esta sanción se debe a un incumplimiento "muy grave" del contrato y las ratios de personal sanitario establecidas por la residencia. En total, las penalizaciones que ha recibido la empresa superan los 95.500 euros e incluyen la falta de personal de enfermería, problemas relacionados con la administración de medicación y la falta de notificación del fallecimiento de una residente que murió ahogada con las sujeciones de su cama.

La sanción más reciente se basa en la denuncia de la familia de una residente de 93 años que sufrió problemas respiratorios y estuvo sin atención sanitaria durante más de una hora en junio pasado.

Las fuentes de la Consejería informan que la penalización se debe a la falta de profesionales de enfermería en el centro, debido a varias bajas que no pudieron ser cubiertas, y destacan el déficit de profesionales de enfermería en todo el país.

Asimismo, señalan que se ha licitado un nuevo contrato en el que Aralia ha presentado una oferta con un aumento del 33% en la financiación y mejoras en personal y criterios de calidad.

Además, destacan que la Comunidad de Madrid no ha recortado el presupuesto, sino que ha aumentado en más de 350.000 euros anuales los gastos corrientes y servicios, incluyendo la alimentación. La partida destinada a alimentos ha aumentado un 27,5% en comparación con el contrato anterior, y la inversión en personal ha aumentado de 2,6 millones a 4,4 millones en el nuevo contrato.

La residencia ya había sido sancionada anteriormente con una penalidad de 25.000 euros por no informar a tiempo y de manera oficial sobre el fallecimiento de una usuaria que murió asfixiada con las sujeciones de su cama, y otra penalidad de 24.851,66 euros por problemas en la administración de medicamentos. Además, el Defensor del Pueblo ha solicitado información sobre esta residencia tras las quejas de usuarios y trabajadores.

El Defensor del Pueblo ha pedido detalles sobre la demora en la convocatoria del contrato de gestión y sobre otros centros públicos afectados por el mismo problema. También ha solicitado información sobre las inspecciones realizadas por la Comunidad de Madrid en 2020 y 2023, y si se han corregido las deficiencias detectadas, que resultaron en sanciones económicas.